La situación judicial del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sumó un nuevo capítulo: la Policía Federal lo denunció por obstrucción a la justicia, en una investigación que incluye una acusación por un supuesto plan para huir a la Argentina y pedir allí asilo político. Todo mientras era investigado por el presunto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los agentes de Policía hallaron en uno de sus teléfonos móviles un borrador de 33 páginas con el presunto plan para pedir asilo al presidente de Argentina, Javier Milei, fechado en febrero de 2024, apenas días después de los primeros registros en su domicilio y oficina.
En ese documento, Bolsonaro alegaba ser víctima de persecución y pedía a Milei refugio “con carácter urgente” ya que temía por su vida, según reportó la agencia de noticias AP. Fuentes policiales indican que la redacción del archivo pudo haber estado a cargo de la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de sus hijos.
El hallazgo del borrador llevó al juez Alexandre de Moraes a considerarlo una señal clara del “riesgo de fuga”, otorgando a la defensa de Bolsonaro 48 horas para presentar explicaciones.
La investigación sobre la presunta fuga se enmarca en una acusación más amplia de obstrucción a la justicia, en la que Bolsonaro habría ignorado las medidas cautelares de su arresto domiciliario y difundido mensajes a sus aliados “para atacar directamente a las instituciones democráticas brasileñas, en particular a la Corte Suprema y al Congreso de Brasil”, según el informe policial.
Apoyo de EE.UU. a Jair y Eduardo Bolsonaro
Mientras avanza el juicio por presunto intento de golpe, ahora la Policía abrió una pieza separada de investigación ante los indicios de que Bolsonaro y su hijo Eduardo realizaron acciones "claras y expresas" para intentar entorpecer el juicio por presunto golpismo, según los documentos divulgados por el Supremo. De acuerdo con la investigación, con ese objetivo encontraron como aliado al Gobierno de Trump.
Recientemente, el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra varios jueces del Supremo Tribunal Federal, argumentando que se trataba de una respuesta a una supuesta persecución contra Bolsonaro. De Moraes consideró esas maniobras un intento de obstrucción a la justicia.
En esa trama aparece el pastor evangélico Silas Malafaia, íntimo colaborador del líder ultraderechista. La Policía documentó “extensos intercambios de mensajes entre Malafaia y Bolsonaro” ocurridos tras el anuncio de los aranceles en julio pasado. Otro implicado es Paulo Figueiredo, nieto del último presidente de la dictadura militar, João Figueiredo (1979-1985), también cercano a Bolsonaro.
La Policía documentó intercambios de mensajes entre los tres, especialmente tras los anuncios de aranceles por parte de EE.UU., en los que se evidenciaría “la articulación de una campaña para vincular el fin de las sanciones" de Trump "a la concesión de amnistía a las personas involucradas" en el complot golpista.
Eduardo Bolsonaro se ha ufanado en redes sociales de haberse reunido con representantes de la Casa Blanca para gestionar apoyos que beneficien a su padre, aunque sostiene que su intención nunca fue interferir en los procesos judiciales en Brasil.
Bolsonaro enfrenta cargos por intento de golpe
El expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple desde principios de agosto prisión domiciliaria preventiva, luego de que el juez Alexandre de Moraes determinara que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse en redes sociales y coordinar acciones a través de terceros.
La medida busca evitar que el exmandatario continúe influyendo en sus seguidores y la reiteración de conductas que la Corte considera una amenaza al Estado democrático de derecho. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
El juicio ante el Supremo Tribunal Federal está programado para comenzar el 2 de septiembre y el fallo se conocerá antes del 12 de ese mes. Los fiscales sostienen que Bolsonaro y sus aliados planearon revertir el resultado electoral y podrían haber llegado a considerar acciones violentas contra Lula y el juez De Moraes.
Según la Procuraduría General de la República, entre 2022 y principios de 2023, Bolsonaro, junto a su entonces candidato a vicepresidente, Walter Braga Netto, y 33 colaboradores, habría diseñado una “organización criminal” destinada a anular los resultados electorales y mantenerlo en el poder.
El plan, según la Fiscalía, incluía disturbios y maniobras para desestabilizar las instituciones democráticas, incluso la posibilidad de atentar contra la vida del presidente electo, su vicepresidente y un juez del Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro insiste en que se trata de una “cacería de brujas” política y afirma que los procesos en su contra buscan debilitar su liderazgo y su base de apoyo.
