En 2024, la rendición de cuentas comenzó a adquirir una dimensión más formal. Hasta entonces, la impunidad había sido objeto de debate político, resoluciones diplomáticas y declaraciones sin efectos prácticos. Sin embargo, por primera vez desde la fundación de Israel en 1948, tras décadas de expansión territorial y apropiación sistemática de tierras palestinas, la cuestión de la responsabilidad dejó de limitarse al terreno retórico y entró en los tribunales.

En ese contexto, la Corte Internacional de Justicia inició procedimientos por genocidio contra Israel y declaró ilegal su prolongada ocupación del territorio palestino. De forma paralela, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra los principales dirigentes políticos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Estos movimientos fueron interpretados ampliamente como un punto de inflexión. Parecían marcar el momento en que la impunidad histórica de Israel comenzaba, por fin, a resquebrajarse. No obstante, un año después, aquella esperanza se ha evaporado casi por completo.

En 2025, lejos de contenerse, Israel intensificó su ofensiva genocida contra Gaza, profundizó su ocupación de Cisjordania ocupada y despreció abiertamente las decisiones del derecho internacional, todo ello sin afrontar consecuencias reales. De este modo, lo que siguió no fue una corrección del rumbo, sino la normalización de la impunidad.

Así, pese a las acciones legales internacionales más amplias jamás emprendidas contra Israel, estas no lograron frenar la violencia, poner fin a la ocupación ni impedir la erosión constante de la vida palestina. Según la abogada de derechos humanos y escritora Maria Kari, no existía ninguna ambigüedad sobre lo que exigía la ley y, de hecho, en 2024 parecía funcionar como estaba previsto. Sin embargo, la sensación de rendición de cuentas resultó efímera.

“Lo que 2025 dejó al descubierto es que el derecho internacional nunca estuvo pensado para aplicarse contra quienes se sitúan en la cúspide del poder. El problema no es la ausencia de leyes, ni que estas sean confusas o insuficientemente desarrolladas”, explica Kari a TRT World. “El problema es que la ley no puede contener a un poder que se niega a ser contenido. Y esa es precisamente la raíz de la impunidad: el sabotaje activo de los Estados más poderosos, encabezados por Estados Unidos, que han convertido el derecho internacional en un teatro sin consecuencias”.

Callejones legales sin salida

Mientras los procedimientos por genocidio seguían su curso, Israel desobedeció abiertamente las medidas provisionales dictadas por el tribunal. Al mismo tiempo, el bloqueo de la ayuda humanitaria persistió, agravando la hambruna, el colapso del sistema sanitario y la destrucción de familias enteras. Gaza fue reducida de forma progresiva a escombros.

En este escenario, Na’eem Jeenah, investigador principal del Instituto Mapungubwe y director ejecutivo del Afro-Middle East Centre, subraya una fractura estructural del sistema jurídico internacional. “Hoy existen dos conjuntos de derecho internacional: uno para el Sur Global y otro para el Norte Global. Y este último se niega a someterse a las normas que sí se exigen al Sur Global”, afirma.

A su juicio, esta doble vara de medir demuestra que el derecho internacional no es verdaderamente universal. “El historial de la CPI lo deja claro: quienes son procesados proceden mayoritariamente del Sur Global, mientras que los crímenes de guerra cometidos por el Norte Global permanecen impunes”. Como ejemplo, recuerda que “Alemania perpetró dos genocidios en el sur de África a comienzos del siglo veinte mientras, al mismo tiempo, participaba en la elaboración de las normas de la guerra”.

Las solicitudes de órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant marcaron otro paso sin precedentes. Sobre el papel, obligaban a los Estados miembros a detener a los dirigentes israelíes si entraban en su territorio. En la práctica, sin embargo, varios países anunciaron abiertamente que no las ejecutarían.

Bajo la presión diplomática de Estados Unidos y de aliados europeos, estas órdenes quedaron reducidas a un gesto simbólico. Incluso la demanda de Nicaragua contra Alemania, que argumentaba que los países que suministran armas a Israel podrían ser cómplices, fracasó a la hora de imponer cualquier límite. Lejos de modificar su postura, Alemania no solo mantuvo su cooperación militar con Israel, sino que reforzó su respaldo político, dejando claro que los riesgos legales no pesarían más que sus compromisos estratégicos.

En 2025, el derecho retrocedió en lugar de avanzar. Así lo sostiene Andrea Maria Pelliconi, profesora de derecho internacional de los derechos humanos en la Universidad de Southampton. “Si los Estados observan que otros, especialmente los más poderosos, ignoran el sistema, nadie más lo respetará. Esto puede conducir a una anarquía jurídica internacional, a un retorno a la ley del más fuerte, donde los países recurren a la guerra, la intimidación y la coerción económica para lograr sus objetivos”.

De hecho, advierte, este patrón ya es visible. “Lo estamos viendo en Palestina, pero también en el Sáhara Occidental o en Ucrania. Los Estados están normalizando el uso de la guerra para expandirse y adquirir territorio, como ocurría hace un siglo”.

El fracaso del orden posterior a 1945

A lo largo de 2025, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza permanecieron sistemáticamente sin aplicar. Las potencias con derecho a veto siguieron protegiendo a Israel de cualquier acción vinculante. Paralelamente, las agencias de la ONU fueron expulsadas de Gaza, privadas de recursos o sometidas a ataques políticos, mientras que las investigaciones independientes fueron bloqueadas de forma constante.

Creada en 1945 por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se fundó sobre la promesa de prevenir atrocidades masivas y defender el derecho internacional. Sin embargo, su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad, continúa dominado por cinco miembros permanentes con derecho a veto, una estructura que, según el jurista y exrelator especial de la ONU Richard Falk, genera un sistema de excepcionalismo.

Los miembros permanentes quedan blindados frente a las mismas normas que la organización dice hacer cumplir. Gaza expuso con crudeza las consecuencias de esta arquitectura: la institución encargada de frenar los ataques continuados contra la población civil no lo hizo.

“Este Estado canalla está siendo protegido por el imperio estadounidense, que ha reducido el derecho internacional a una burla”, afirma Kari. “Por eso 2025 se siente como un punto de inflexión. ¿Cómo vamos a enseñar a las futuras generaciones de juristas sobre la autoridad de la CIJ y la CPI cuando estas instituciones han sido vaciadas de poder efectivo?”

La contradicción, añade, es flagrante. “La ONU se construyó sobre la promesa del ‘nunca más’. Sin embargo, figuras políticas occidentales se jactan abiertamente de que el derecho internacional no se aplicará contra ellos”.

En consecuencia, durante 2025 se intensificaron las demandas de reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad, con la limitación del veto y la creación de un sistema más equitativo señaladas como necesidades existenciales.

Complicidad occidental

El colapso de la rendición de cuentas en 2025 no puede entenderse sin reconocer el papel de Estados Unidos y Europa como facilitadores activos. En particular, el apoyo incondicional de Washington y la continuidad de la ayuda militar a Israel encajan en los supuestos de conspiración para cometer genocidio y complicidad en genocidio definidos por la Convención correspondiente.

Al mismo tiempo, los gobiernos occidentales silenciaron la disidencia, criminalizaron la solidaridad con Palestina y restringieron el debate público mediante marcos de desinformación. La prohibición de protestas, la vigilancia y los procesos judiciales se justificaron en nombre de la seguridad, mientras que el derecho internacional pasó a considerarse opcional.

“Estados Unidos está llevando a cabo actos de guerra ilegales contra civiles en alta mar y provocando a Venezuela. En Sudán, las RSF han dejado fosas comunes visibles desde el espacio. Que los tribunales internacionales no hayan podido detener nada de esto es el resultado directo del respaldo estadounidense al imperialismo y al colonialismo”, sostiene Kari.

Para Jeenah, el Consejo de Seguridad, y quizás todo el sistema de la ONU, ha llegado a un punto de colapso. Su salvación dependerá de si los Estados del Norte Global deciden frenar a sus aliados, especialmente a Israel, y de si el Sur Global está dispuesto a luchar por un cambio de orden.

Si la trayectoria actual continúa, advierte, el derecho internacional dejará de existir no solo como práctica, sino incluso como teoría. Las protecciones de los derechos humanos se desvanecerán. Más allá del genocidio en Gaza, Sudán ofrece otro ejemplo de impunidad estructural.

Cada vez más expertos coinciden en que, si un genocidio puede prolongarse durante un segundo año pese a los procedimientos judiciales, las medidas provisionales y la movilización global, entonces la credibilidad de todo el sistema de derechos humanos está en juego.

La pregunta que definió 2025 no fue si el derecho internacional existe, sino si todavía es capaz de contener al poder. Porque si ni siquiera un genocidio logra activar la rendición de cuentas, la cuestión final es inevitable: ¿para qué sirve realmente el derecho internacional?