La COP31, la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha reunido en Antalya a 68.500 participantes en una cumbre que sus anfitriones han presentado bajo una idea central: la implementación.
Después de tres décadas en las que las conferencias climáticas de la ONU han sido evaluadas por los objetivos que fijan, el reto esta vez es comprobar si los compromisos existentes pueden respaldarse con financiación, regulación e infraestructura.
La jornada inaugural puso de relieve la urgencia.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó de que la temperatura media global entre enero y septiembre de 2026 se situó aproximadamente 1,47°C por encima de los niveles preindustriales, mientras que el nivel del mar alcanzó un máximo histórico.
Que durante nueve meses la temperatura media se haya acercado a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales no significa que se haya superado el umbral del Acuerdo de París, ya que ese límite se refiere a una media a largo plazo. Sin embargo, sí evidencia el escaso margen que queda.
Lo que distingue a Antalya es la manera en que se está planteando la necesidad de actuar: a través de obligaciones jurídicas, argumentos económicos vinculados a la salud pública y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Los tres enfoques se dirigen directamente a los ministerios que controlan los presupuestos y la legislación, y apuntan a una misma prioridad: alinear la financiación y los acuerdos negociados con la evidencia científica.
La financiación divide a los negociadores
La financiación y la transición energética han estado en el centro de las conversaciones desde la sesión inaugural.
Al aprobarse la agenda, la presidencia de la COP31 propuso abordar el objetivo de triplicar la financiación para la adaptación y las preocupaciones relacionadas con el comercio y el clima dentro de los mecanismos de trabajo existentes, en lugar de convertirlos en puntos independientes del orden del día.
La Unión Europea respaldó este enfoque, mientras que el Grupo Africano y los Países en Desarrollo Afines reclamaron un mayor énfasis en la financiación para la adaptación.
André Corrêa do Lago, presidente de la COP30 celebrada en Belém, destacó la hoja de ruta impulsada por su presidencia para abandonar los combustibles fósiles, mientras que el Grupo Árabe se opuso a que estas hojas de ruta se incluyeran en una decisión de la COP.
Conciliar estas diferencias sigue siendo uno de los principales retos diplomáticos de la cumbre.
La dimensión jurídica también añade peso a las negociaciones.
En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó por unanimidad, en una opinión consultiva, que la obligación de los Estados, conforme al derecho internacional consuetudinario, de prevenir daños ambientales significativos se aplica al sistema climático y exige una diligencia debida estricta. El incumplimiento de esta obligación, señaló el tribunal, puede constituir un acto internacionalmente ilícito.
También afirmó que los sucesivos planes climáticos nacionales deben reflejar una progresión.
El presidente de Palaos, Surangel Whipps Jr., invocó la opinión de la Corte durante el segmento de líderes del miércoles, al que asistieron, entre otros, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan; el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.
En las negociaciones, los pequeños Estados insulares, el Grupo Africano y un bloque latinoamericano pidieron orientaciones formales para el fondo de pérdidas y daños, mientras que la UE, el Reino Unido y Canadá consideraron prematuras dichas orientaciones.
Cómo influirá el razonamiento de la Corte en los acuerdos finales sigue siendo una cuestión importante.

Los argumentos económicos a favor de la acción climática
La economía de la salud ofrece a los ministerios de Finanzas argumentos convincentes para actuar.
Un análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado pocos días antes de la cumbre, estima que seis medidas dirigidas a la crisis climática y a la salud pública podrían evitar 1,6 millones de muertes al año.
Una de ellas destaca sobre el resto: una fijación eficiente de los precios de los combustibles fósiles podría evitar aproximadamente 1,2 millones de esas muertes y generar alrededor de 3 billones de dólares de los 3,9 billones estimados en ganancias anuales de bienestar económico.
La fijación de precios de los combustibles fósiles representaría también casi la totalidad de los 16.700 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que el paquete podría evitar cada año, un volumen equivalente a casi el 30 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Las otras cinco medidas (alertas sanitarias por calor, energía doméstica más limpia, lavado de manos, agua potable segura y saneamiento) costarían aproximadamente 35.000 millones de dólares al año y generarían unos beneficios estimados de 24 dólares por cada dólar invertido.
Antalya ha brindado la oportunidad de llevar esta evidencia a la práctica.
Türkiye y la OMS pusieron en marcha la Iniciativa de Antalya para la Resiliencia Sanitaria, una plataforma voluntaria a través de la cual los países pueden compartir experiencias prácticas y enfoques con costes estimados para proteger los sistemas de salud frente a los impactos climáticos.
Brasil, por su parte, presentó un marco de financiación para el Plan de Acción de Belém para la Salud, que cuenta con 40 países signatarios.
Ambas iniciativas podrían complementarse: una facilitaría el intercambio de conocimientos y la otra, la movilización de financiación.
Las dos son necesarias.
En septiembre de 2025, solo 56 de los 194 Estados miembros de la OMS declaraban tener en marcha un plan de adaptación sanitaria.
Entre los países en desarrollo con planes nacionales de adaptación, 48 habían estimado sus necesidades conjuntas de adaptación sanitaria en 3.300 millones de dólares anuales.
La financiación internacional declarada para la adaptación sanitaria en esos países alcanzó los 1.100 millones de dólares en 2024, aproximadamente un tercio de las necesidades anuales estimadas.

Reducir el desperdicio, recortar las emisiones
Los residuos representan otra oportunidad cuantificable para la acción climática.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos, el 19 % de todos los alimentos disponibles para los consumidores.
Los hogares fueron responsables de 631 millones de toneladas, los servicios de restauración de 290 millones y el comercio minorista de 131 millones.
El desperdicio de alimentos por persona en los hogares apenas difiere en unos 7 kg al año entre los países de ingresos altos y los de ingresos medianos bajos, lo que demuestra que el problema no se limita a las naciones más ricas.
Se trata de un desafío mundial compartido que abarca el almacenamiento de alimentos, las cadenas de frío y los hábitos de consumo.
La pérdida y el desperdicio de alimentos representan en conjunto entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, casi cinco veces la proporción atribuible a la aviación.
Reducir el desperdicio de alimentos ofrece además importantes beneficios económicos y ambientales. Un mejor almacenamiento, unas cadenas de suministro más eficientes y una mejor gestión de los residuos pueden ayudar a conservar recursos, reducir costes y reforzar la seguridad alimentaria.
Türkiye ha situado la reducción de residuos en el centro de la cumbre.
El jueves, la primera dama de Türkiye, Emine Erdoğan, y los cónyuges de los líderes visitantes inauguraron el Museo Cero Residuos en la sede de la conferencia.
En las inmediaciones, Solak se ha desarrollado como una aldea de cero residuos.
La experiencia internacional ofrece lecciones sobre cómo ampliar este tipo de iniciativas.
Japón ha reducido el desperdicio de alimentos en un 31 %, gracias en parte a la obligación de que las empresas que generan más de 100 toneladas de residuos alimentarios al año informen sobre ellos. El Reino Unido ha logrado una reducción del 18 %.
Una medición y una notificación sistemáticas ofrecen una vía práctica para convertir las iniciativas locales en resultados nacionales.
Agricultura y energía demuestran lo que es posible
La agricultura muestra lo que pueden conseguir las herramientas existentes cuando cuentan con financiación suficiente.
CGIAR, una alianza global de investigación agrícola, informa de que AgWise, su herramienta para adaptar las recomendaciones sobre fertilizantes a los datos locales del suelo, el clima y los cultivos, ha aumentado aproximadamente un 60% los rendimientos y beneficios de los agricultores de arroz en Rwanda.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU y el Ministerio de Agricultura de Türkiye también lanzaron el informe "The Unfunded Half", que analiza el déficit de financiación climática que afecta a las mujeres de las comunidades rurales.
Por su parte, el grupo de Países Menos Adelantados propuso una plataforma para conectar las prioridades de adaptación de los países con los financiadores y los socios encargados de implementar los proyectos.
Noruega, la UE, Reino Unido y Japón cuestionaron cómo podría complementar esta plataforma a las instituciones existentes.
En el sector energético, la implementación ya está tomando forma.
Durante el segmento de líderes, un grupo de países respaldó el compromiso "35x35" de la presidencia de la COP31, anunciado inicialmente en junio, que pretende elevar la proporción de electricidad en el consumo final mundial de energía desde algo más de una quinta parte hasta el 35% en 2035.
El despliegue de tecnologías de energía limpia también se está acelerando.
La capacidad instalada de almacenamiento mediante baterías en 2025 fue 11 veces superior a la de 2021, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que los vehículos eléctricos representen el 28% de las ventas mundiales de automóviles nuevos en 2026, frente a menos del 1% en 2015.
La inversión también está respondiendo a las políticas.
El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura comprometió 1.600 millones de dólares en financiación para políticas climáticas en Türkiye, destinados a respaldar reformas en energías renovables, regulación financiera y mercados de carbono.

¿Puede la COP31 avanzar en la financiación climática?
La financiación es el ámbito en el que la segunda semana de la cumbre podría registrar mayores avances.
El G77 y China, el mayor bloque negociador que representa a los países en desarrollo, instaron a los negociadores a abordar el objetivo de triplicar la financiación para la adaptación y subrayaron las obligaciones de los países desarrollados de proporcionar fondos, recogidas en los tratados internacionales.
La UE, Reino Unido y Noruega reafirmaron su apoyo al objetivo, pero propusieron abordarlo a través del programa de trabajo financiero existente.
El principal punto de referencia sigue siendo el acuerdo alcanzado en la COP29 de Bakú: un objetivo de al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo en 2035, junto con una convocatoria más amplia para movilizar 1,3 billones de dólares.
Los negociadores también estudian cómo financiar las infraestructuras necesarias para el comercio de emisiones de carbono en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París.
El Grupo Africano defiende una financiación básica, mientras que la UE prefiere un sistema sostenido mediante tasas de uso.
Los discursos de los líderes reflejaron la diversidad de prioridades nacionales.
Los Estados insulares reclamaron reducciones rápidas de las emisiones, los países en desarrollo insistieron en la financiación y los líderes europeos destacaron la electrificación, también una de las prioridades de la presidencia de Türkiye en la COP31.
Climate Action Tracker estima que las políticas actuales situarían al mundo en una trayectoria de calentamiento de 2,7°C para 2100. Si los países cumplieran todos sus objetivos para 2030 y 2035, el calentamiento previsto se reduciría a 2,6°C.
La escasa diferencia entre ambos escenarios evidencia por qué los gobiernos necesitan cumplir los compromisos existentes y establecer objetivos más ambiciosos.
La CIJ ha aclarado las obligaciones jurídicas de los Estados, la OMS ha estimado los beneficios sanitarios de la acción climática y el PNUMA ha cuantificado la magnitud del desperdicio alimentario. En la agricultura y la energía, además, las herramientas y tecnologías ya disponibles están ofreciendo resultados.
En la COP31, los negociadores pueden actuar sobre estas evidencias alcanzando acuerdos sobre financiación para la adaptación, estableciendo directrices para el fondo de pérdidas y daños y adoptando medidas concretas para avanzar en la transición energética.
Si consiguen materializar estas prioridades, Antalya podría marcar un punto de inflexión en el paso de los compromisos climáticos a la acción.














