“El mundo no debe dejarse engañar. El genocidio en Gaza no ha terminado”. Con esta afirmación contundente, Amnistía Internacional abrió su último informe donde sostiene que, a más de un mes del alto el fuego, Israel continúa imponiendo a la población palestina unas condiciones de vida deliberadamente diseñadas a su destrucción física.

Según Agnès Callamard, secretaria general de la organización, “el alto el fuego corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad. El mundo no debe dejarse engañar. El genocidio de Israel no ha terminado”.

A partir de testimonios de residentes, personal médico y trabajadores humanitarios, combinados con un análisis jurídico exhaustivo, el informe concluye que no existen indicios alguno de un cambio real de intención por parte de Israel. "Hasta ahora, no hay nada que indique que Israel esté tomando medidas serias para revertir el impacto mortal de sus crímenes ni indicio alguno de que haya cambiado de intención", reiteró.

De hecho, Callamard afirma que el país sigue aplicando “políticas despiadadas”, orientadas a restringir la ayuda esencial y mantener a la población en una situación límite. “Israel inflige un daño devastador, incluida una hambruna deliberada y sistemática”, afirmó.

Ataques y desplazamiento forzado

El informe indica que al menos 327 personas, entre ellas 136 niños y niñas, han muerto a causa de ataques israelíes desde que se anunció el alto el fuego el 10 de octubre. No obstante, el Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado que más de 352 palestinos y casi 900 han resultado heridos desde esa fecha. Ahora bien, en opinión de Amnistía Internacional, estas cifras muestran que Israel continúa infligiendo “un daño devastador” incluso tras la reducción de la intensidad de los ataques.

Asimismo, el informe indica que el ejército israelí mantiene el control de entre el 54% y el 58% del territorio, lo que, en la práctica, impide el regreso de decenas de miles de personas desplazadas. No en vano, al menos 93 palestinos han sido asesinados cuando intentaban cruzar la llamada “línea amarilla” para volver a sus hogares.

Como consecuencia, la población sigue confinada en las zonas menos habitables del enclave, sin acceso independiente al mar ni a tierras agrícolas o industriales. Y este desplazamiento masivo corre el riesgo de ser permanente.

Continúan las restricciones a la entrada de ayuda

Esta situación, obliga a los gazatíes a mantenerse dependientes de una ayuda humanitaria que continúa severamente restringida, y los datos, lo dejan claro: entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, Israel bloqueó la entrada de más de 6.480 toneladas de ayuda, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Ahora bien, en materia de sanidad, los médicos entrevistados por Amnistía Internacional la organización reportan que muchos pacientes mueren por enfermedades tratables debido a la escasez extrema de medicamentos, que se encuentra en niveles críticos: el 55% de los fármacos esenciales, el 71% de los insumos médicos desechables y el 74% de los medicamentos oncológicos y de enfermedades sanguíneas están completamente agotados.

Del mismo modo, la destrucción de infraestructuras clave, desde redes de agua y saneamiento hasta hospitales sin combustible, unida a la imposibilidad de retirar escombros o desactivar explosivos, está configurando un escenario que Amnistía describe como una posible “muerte lenta” para miles de personas. 

De hecho, la Corte Internacional de Justicia ya advirtió en enero que la supervivencia de la población palestina estaba “plausiblemente en peligro”.

Llamado a la comunidad internacional

A este panorama se suma un elemento especialmente preocupante: la presión internacional sobre Israel comienza a diluirse. 

El país no ha sido investigado ni procesado por sus responsabilidades de actos de genocidio y ha ignorado las advertencias reiteradas de organismos internacionales. Amnistía subraya que “los funcionarios responsables de orquestar, supervisar y cometer materialmente genocidio siguen en el poder”.

Además, la resolución más reciente de la ONU sobre el futuro de Gaza evita compromisos claros en materia de derechos humanos. Para Agnès Callamard, gestos como estos envían “el mensaje equivocado” y contribuyen a reforzar la impunidad.

En este contexto, Callamard reconoce que “el alto el fuego fue el resultado de la presión internacional, incluida la de su aliado, Estados Unidos, y no el resultado de un aparente cambio de opinión” por parte de Israel. 

Por ello, Amnistía afirma que “no es este el momento de reducir la presión sobre las autoridades israelíes”.

La organización exige detener todas las transferencias de armas a Israel hasta que cesen las violaciones del derecho internacional, garantizar la entrada de misiones independientes y permitir el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria. Del mismo modo, insiste en la necesidad de levantar el bloqueo, reparar infraestructuras esenciales y asegurar el retorno seguro de las personas desplazadas.

Asimismo, la organización de derechos humanos subraya la responsabilidad de las empresas internacionales, que deben suspender cualquier operación vinculada de forma directa o indirecta al genocidio. Y pide a los Estados mantener la presión diplomática para que Israel permita la entrada de peritos forenses, misiones de la ONU, organizaciones humanitarias y periodistas.

El informe concluye recordando una cifra que retrata la magnitud de la tragedia: desde octubre de 2023, casi 70.000 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes y alrededor de 171.000 han resultado heridos, muchos con lesiones permanentes. 

De hecho, los asesinatos continúan. Según informó la agencia palestina WAFA, el último asesinato ocurrió este mismo viernes, cuando un dron israelí atacó un punto en la localidad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, en el sur del enclave. La víctima fue identificada como Abdullah Wajdi Hammad. A ello se suman nuevos bombardeos de artillería al este de Jan Yunis, ataques aéreos renovados sobre Rafah y disparos desde embarcaciones navales israelíes que apuntaron a la costa de la ciudad.

Por todo esto, Amnistía advierte de que la ofensiva contra la población palestina no se ha detenido; simplemente, se ha vuelto menos visible. “El alto el fuego no debe convertirse en una cortina de humo para el genocidio en curso”, recalcó.