Las dificultades de acceso a la vivienda, con el desahucio de Maricarmen Abascal como uno de los detonantes de las movilizaciones, siguen llevando a los españoles a las calles. El país atraviesa este fin de semana una nueva ola de manifestaciones en Madrid y otras ciudades, en medio de una fuerte tensión política después de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos impulsados por el gobierno para hacer frente a la crisis.
Miles de personas siguieron el viernes la sesión parlamentaria desde el exterior del recinto, tras llegar desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace casi una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda.
Tras confirmarse el rechazo de ambas iniciativas, la acampada continúa e incluso se ha extendido. Movilizaciones similares se celebrarán en medio centenar de ciudades del país, con llamados a una “huelga general”.
"La sociedad española saldrá a las calles para responder. Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos”, afirmó el Sindicato de Inquilinas, uno de los organizadores.
Las convocatorias denuncian la caída de los decretos y reclaman una reducción del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de los llamados “fondos buitre”.
La falta de vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España. Las manifestaciones cobraron fuerza la semana pasada después de que Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años, fuera desalojada del apartamento donde vivía desde hacía siete décadas, tras la compra del inmueble por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.
El Congreso rechaza los decretos sobre vivienda
En este contexto, el Congreso español rechazó este viernes los dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez.
El primero fue rechazado por 178 votos frente a 172. El texto, aprobado el martes por el gobierno, reunía medidas sobre alquileres, protección de los inquilinos, vivienda asequible y fiscalidad. Entre ellas, ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección de determinados hogares vulnerables frente a los desahucios cuando no existiera una alternativa habitacional.
El segundo regulaba principalmente qué ocurriría una vez finalizado un contrato de alquiler de vivienda habitual. La propuesta permitía sucesivas prórrogas tras cumplirse los cinco años mínimos de contrato, o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica, como una empresa u otra entidad. No obstante, partía ya con menos posibilidades de prosperar, y finalmente fue rechazado al obtener 184 votos en contra y 166 a favor.
La votación estuvo precedida por un debate especialmente tenso. En una Cámara muy fragmentada, en la que el Gobierno no tiene mayoría, tampoco bastó la intervención de última hora de Sánchez, que pidió la palabra minutos antes de la votación para instar a los diputados a ser “valientes”.
“Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo”, afirmó.
Tras el rechazo de ambos textos, la oposición intensificó sus llamados para que Sánchez adelante las elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2027.
