Este año, Haití ha intentado volver a las urnas tras una década sin elecciones generales, pero lo hace inmerso en una grave crisis de seguridad, con instituciones colapsadas y bandas armadas que dominan más del 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, su capital, así como sectores clave de los departamentos de Centro, Artibonite y Oeste, zonas donde se concentra más del 55% de la población.

Pese a este panorama, el Consejo Electoral Provisional fijó la primera vuelta presidencial para el 13 de diciembre y una eventual segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027. Sin embargo, el organismo suspendió el inicio de la campaña el 7 de octubre sin definir una nueva fecha, una medida que pone en el centro de atención las graves dudas logísticas y de seguridad que amenazan el proceso.

Crisis institucional

El deterioro institucional no es nuevo. En noviembre de este año, Haití cumplirá una década sin celebrar ningún tipo de proceso electoral. Los últimos comicios, las elecciones presidenciales del 20 de noviembre de 2016, llevaron a la presidencia al empresario bananero Jovenel Moise, aunque fueron impugnados por los principales candidatos de la oposición, que denunciaron la existencia de un “fraude electoral masivo”.

Moise, candidato del oficialista Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas, (PHTK, por sus siglas en creole haitiano), contaba con el respaldo no sólo de sectores de las élites locales, sino también de Estados Unidos y del llamado Core Group, el autodenominado grupo internacional de “países amigos” de Haití, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2004 para coordinar la intervención política y militar en el país.

La situación se volvió aún más crítica en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando Moise fue asesinado en su residencia por sicarios colombianos, según las investigaciones posteriores. Su magnicidio dejó al Estado haitiano sin un presidente electo y profundizó un vacío de poder que el país arrastra desde aquel momento. A partir de entonces, Haití ha sido gobernado mediante esquemas provisionales, pasando de primeros ministros interinos a organismos colegiados como el disuelto Consejo Presidencial de Transición.

Ahora bien, el vacío institucional viene de más atrás. El Parlamento cesó sus funciones el 13 de enero de 2015, al expirar el mandato constitucional de todos los diputados y dos tercios de los senadores, lo que dejó al Poder Legislativo virtualmente fuera de la escena política. 

El Poder Judicial no corrió mejor suerte. Intervenido desde la gestión de Moise y cercado por la violencia de las bandas armadas, opera hoy con un margen de acción mínimo y competencias sumamente reducidas.El resultado es un Estado que llega a la convocatoria electoral con sus instituciones colapsadas, sin Parlamento y con una fuerza pública incapaz de garantizar el control de gran parte del territorio.

Bandas armadas

Sin embargo, fuera de las instituciones es donde la crisis muestra su cara más brutal: lo hace en las calles de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en localidades del Artibonite y Centro.

Haití pasó rápidamente de ser un país relativamente seguro a registrar uno de los peores índices de violencia e inseguridad de la región. El motor de esta transformación son las bandas armadas, cuyo número se duplicó en pocos años al pasar de unas 76 en 2019 a cerca de 150 en la actualidad.

Para analistas como Camille Chalmers, aunque las bandas armadas priorizan el control de los barrios más poblados de la capital, no pueden entenderse como un fenómeno estrictamente local, ya que cuentan con activas redes y fuentes de financiamiento internacionales.

“Las pandillas sostienen relaciones orgánicas con pandillas de otros países como Jamaica, están involucradas en todo tipo de tráfico trasnacional –drogas, órganos, trata de blancas– y reciben flujos masivos y continuos de armas de guerra y municiones desde La Florida”, explicó el representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA, por sus siglas en francés), una organización sin fines de lucro, en di+alogo con TRT Español.

Además, ni Haití ni la República Dominicana fabrican armas, por lo que todo el tráfico proviene del exterior. 

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 90% de las armas ilícitas ingresadas al Caribe provienen del sur de Estados Unidos, principalmente en contenedores, embarcaciones menores o vuelos clandestinos. Este flujo incluye desde fusiles AK-47 y AR-15 hasta ametralladoras ligeras, un poder de fuego que supera ampliamente la capacidad de la Policía Nacional de Haití, el único cuerpo de seguridad del país.

Para Chalmers, además, la expansión de las bandas está fuertemente ligada a la crisis socioeconómica previa a su control territorial, fijando un punto de inflexión en las masivas protestas de 2018 contra los ajustes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el economista, “la ola de violencia se intensificó dramáticamente después de una serie de protestas que movilizaron a más de un millón de ciudadanos en las calles”.

Hoy, estos grupos armados ejercen un control férreo de las zonas más pobres de la populosa capital Puerto Príncipe, y ya han desplazado a 1,5 millones de personas, según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones.

Micherline Islanda Aduel, una líder juvenil campesina del Tet Kole la principal organización campesina del país, se convirtió en una de esas víctimas que ha perdido su hogar y sustento.

“En los últimos años los tiroteos se volvieron frecuentes, casi diarios. Resistimos el tiempo que pudimos con mi familia y mi comunidad, pero el barrio cayó en manos de los bandidos, que quemaron mi casa y nos desplazaron. Solo pude recuperar un carnet de identidad y una foto de mi hijo de seis meses”, contó Aduel a TRT Español.

Y para la líder juvenil, “esta violencia afecta a todo el mundo, pero sobre todo a los campesinos, que no pueden ir a Puerto Príncipe y a otras ciudades a vender sus productos agrícolas, que es la única forma de sobrevivir sin la asistencia del Estado o las ONG”.

Aduel señala otra dimensión feroz de la crisis: la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños. Las violaciones grupales, documentadas también por grupos de derechos como Amnistía Internacional, se utilizan como táctica de terror para someter a las comunidades, forzar el desplazamiento de sus habitantes y consolidar el control de los grupos armados.

Así, en esa línea, el reto electoral supera lo logístico: las autoridades deben garantizar primero que la población pueda desplazarse y votar sin arriesgar la vida en zonas bajo control de las bandas armadas.

El movimiento “Bwa Kale”

Sin embargo, la sociedad haitiana no se ha limitado a sufrir pasivamente el impacto de la crisis institucional y la violencia, sino que ha desarrollado sus propias formas de resistencia y organización comunitaria.

Esto implica, como señala Aduel, "enfrentar el discurso que se empeña en presentar a Haití como un país pobre, pasivo, caótico e ingobernable"

Así, a los picos de protesta social del bienio 2018-2019 se sumó, desde 2023, la emergencia de un movimiento popular de autodefensa conocido como “Bwa Kale” (“madera pelada”, en criollo haitiano).

El “Bwa Kale” está formado por pequeños grupos de autodefensa que operan en barrios populares de Puerto Príncipe y sectores del Artibonite. Sus integrantes vigilan las comunidades, controlan el acceso de extraños y enfrentan a las bandas con armas de fuego o herramientas rudimentarias como piedras y machetes.

No obstante, este movimiento genera inquietud por recurrir a la justicia por mano propia y haber ejecutado a numerosos presuntos pandilleros.

“El ‘Bwa Kale’ tuvo una eficacia relativa a la hora de proteger a las comunidades, pero no ha logrado articularse ni desarrollarse en todos lados”, explicó Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano, en diálogo con TRT Español.

Aun así, el antropólogo Boisrolin consideró que el movimiento “rescata algo de la memoria histórica del pueblo haitiano, que sabe que se encuentra solo frente a la violencia de las pandillas”.

En materia de seguridad, la brecha es reveladora: la policía haitiana cuenta con solo 13.196 efectivos para 12 millones de habitantes, mientras que la misión internacional encabezada por Kenia mantiene resultados limitados. Para el analista Boisrolin, este contingente se desplegó con el fin de proteger a la clase política y las élites económicas, desligándose del resguardo de la población.

Así, el problema desemboca inevitablemente en las urnas, donde convergen todas las dimensiones de la crisis haitiana: la institucional, la territorial, la de seguridad y la humanitaria.

¿Elecciones democráticas?

Analistas como Tania Pierre-Charles, investigadora haitiana e integrante de la dirección del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), identifican varios obstáculos clave para el proceso electoral: el control territorial de las bandas, la dificultad de hacer campaña en un entorno violento y la renuencia de la ciudadanía a acudir a las urnas cuando debe atender prioridades de supervivencia mucho más inmediatas.

A ello se suma un problema menos visible, pero decisivo: la participación electoral.

“La tasa de inscripción electoral a la fecha es bajísima: no hay un interés ciudadano real en acudir a elecciones frente a la dinámica de inseguridad que estamos viviendo”, aseguró Pierre Charles a TRT Español.

Agregó que la presión para celebrar los comicios proviene principalmente del exterior y que “la comunidad internacional y el Core Group están presionando muchísimo al gobierno”.

Según su análisis, “Estados Unidos ve el problema de Haití como un problema securitario, pero no ve la dimensión política ni humanitaria del asunto; eso explica las presiones. Yo creo que las elecciones se llevarán a cabo como sea, aunque voten tres personas”.

Boisrolin comparte buena parte de ese diagnóstico, aunque pone el foco en la geografía del poder.

“Más del 80% de la capital está en manos de las bandas armadas. También parte del Departamento del Artibonite y del Departamento Central: estas tres regiones concentran más del 55% del electorado. Además, todas las rutas nacionales están hoy bloqueadas, bajo control de los bandidos, que cobran peaje para poder utilizarlas” explicó.

A lo que agregó: “Es difícil pensar hoy en una elección. A lo sumo puede haber una selección de candidatos ya definidos por el poder”.

Y bajo este panorama, concluyó con una mirada sombría: “De realizarse las elecciones, no solucionarán nada; de hecho esto va a profundizar mucho más la crisis política y de inseguridad”.