Al declarar al fentanilo –un potente opioide sintético– como “un arma de destrucción masiva”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado la base legal para justificar las acciones de Washington en lo que ha enmarcado como su “combate al narcotráfico”, incluyendo las decenas de ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre. Bajo el creciente escrutinio por estas operaciones del Pentágono contra embarcaciones señaladas –sin pruebas– de transportar drogas, el mandatario firmó la orden ejecutiva en la Casa Blanca este lunes.
"Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva", declaró Trump ante la prensa reunida en el Despacho Oval. "Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta”, añadió en referencia al fentanilo: “Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos".
Sin embargo, las cifras que citó Trump están muy por encima de las que registran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la autoridad de salud pública del país. De acuerdo a sus datos, unas 48.000 personas murieron por fentanilo el año pasado, del total de muertes por sobredosis que ascendieron a cerca de 80.000.
¿Qué contempla la orden ejecutiva firmada por Trump?
La hoja informativa publicada por la Casa Blanca en su página web establece que los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras “libran conflictos armados por las rutas del narcotráfico” al utilizar las ganancias del fentanilo “para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias”. Y acto seguido adiverte que hay un riesgo de que esta sustancia “pueda ser utilizada en ataques terroristas a gran escala por parte de adversarios organizados” contra Estados Unidos. Por lo que representa “una amenaza grave”.
Este apartado del documento que define las operaciones de los carteles como “conflictos armados” y que los enmarca bajo una “amenaza grave” parece responder entre líneas a las preocupaciones sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada en los ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental. Múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
Desde septiembre, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. "Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", indicó en ese momento un comunicado firmado por tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.
Argumentos que podrían cuestionarse si ahora se considera que el riesgo para EE.UU. asciende a la posibilidad de “ataques terroristas a gran escala”. De hecho, la hoja informativa menciona que Trump ya designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua y la MS-13, y que el presidente “autorizó ataques militares para frenar las drogas letales”, “destruir narcobotes” y “frustrar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”. Sin ofrecer pruebas ni evidencias, Washington ha acusado a las personas a bordo de las embarcaciones atacadas de ser supuestos “narcoterroristas”.
En esa línea, el texto sostiene que “al designar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva, Trump está garantizando que todo el peso del gobierno federal se concentre, coordine y movilice para enfrentar al fentanilo como el arma química letal que es”.
Cargos y penas mayores en Estados Unidos
La orden de Trump ahora les permitirá a las autoridades federales presentar cargos penales más graves y aumentar las penas en casos de tráfico de fentanilo. De hecho, se le instruye al fiscal general que solicite de inmediato sanciones adicionales en los procesos relacionados con el fentanilo.
Según la orden, el secretario de Guerra y el fiscal general también tendrán ahora la tarea de determinar si se deben proporcionar recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia durante situaciones de emergencia que involucren lo que el gobierno define como “armas de destrucción masiva”.
También le pide al secretario de Estado y al secretario del Tesoro tomar medidas contra los activos y las instituciones financieras vinculados a la fabricación, distribución o venta de fentanilo ilícito y sus precursores químicos. Los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional también deberán actualizar los planes de respuesta a incidentes químicos para incluir la amenaza del fentanilo.
“Este paso fundamental libera todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años”, aseguró la Casa Blanca en X al compartir el anuncio de Trump sobre la orden ejecutiva.
EE.UU. lanza otros tres ataques mortales en el Pacífico oriental
La estrategia de Trump continúa reflejándose en los ataques letales contra embarcaciones: este lunes el Comando Sur del Ejército de EE.UU. anunció que bombardeó tres botes en el Pacífico oriental, matando a ocho personas. "El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta de Lanza del Sur ejecutó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", dijo el comando en una publicación de X.
“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, añadió el mensaje. Con esta nueva operación, Washington ya ha destruido al menos 26 embarcaciones y matado a 95 personas desde septiembre, cuando empezaron los ataques.
La publicación del Comando Sur en X incluyó además imágenes de video en las que se observan tres botes separados flotando en el agua antes de ser alcanzados por los ataques.
Estos bombardeos han ido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.
Rubio y Hegseth explicarán al Senado los ataques en el Caribe
En medio de las medidas que impulsa el Gobierno de Trump, el Congreso de EE.UU. busca mayores explicaciones sobre las operaciones que se han lanzado en el Caribe y el Pacífico oriental. En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, comparecerán este martes ante el Senado para dar mayor información al respecto.
"Esta reunión informativa se produce tras semanas de presión por mi parte y por parte de otros demócratas para garantizar que todos los senadores escuchen a esta administración, que parece tener miedo de dar incluso las respuestas más básicas", aseguró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en un mensaje en X.
El demócrata acusó al gobierno de estar llevando a cabo "acciones imprudentes y deshonestas", y aseguró que "el pueblo estadounidense merece que se le informe" y los legisladores de su partido tienen "la intención de hacerlo".
Tanto Rubio como Hegseth han participado en otras reuniones para explicar la campaña militar que están llevando a cabo bajo lo que enmarcan como “combate” al narcotráfico, pero ninguna con todos los senadores como será en esta ocasión. Las reuniones previas se celebraron en encuentros a puerta cerrada con el liderazgo de ambas cámaras o pequeños grupos de comités de seguridad nacional.
Varios senadores demócratas han criticado a la Casa Blanca al asegurar que estos encuentros fueron demasiado restringidos y no sirvieron para conocer toda la información.
