Movilización de civiles en Venezuela, alarma en América Latina y ahora una ola de advertencias contra Estados Unidos por presuntas violaciones a derechos humanos. Los ataques de Washington a embarcaciones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, se acumulan como piezas de un tablero: ya son tres desde este mes, afirmó el propio presidente de EE.UU., Donald Trump. Operaciones que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, dejaron al menos 14 muertos sin ningún proceso judicial previo, ni derecho a la defensa.
Esta situación abre una pregunta: ¿incumplen estos ataques el derecho internacional? A ojos de expertos y también de líderes, quienes iban en los botes eran civiles y no hay pruebas de sus vínculos con el tráfico de drogas, como afirma la Casa Blanca, por lo que el ataque sería una ejecución extrajudicial, y Washington se estaría saltando sus derechos.
Cuestionamientos tras primer ataque: “¿Tienen derecho a asesinar a una persona?”
La tensión se agravó desde el 7 de agosto, cuando la Casa Blanca aumentó la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y posteriormente envió buques de guerra al Caribe. Una maniobra que Caracas calificó como la mayor amenaza en un siglo. El 2 de septiembre llegó el punto más crítico: un “ataque letal” de EE.UU. contra una embarcación que, según Trump, dejó 11 “narcoterroristas” muertos, aunque no presentó pruebas de sus acusaciones ni en ese momento ni ahora.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó esto como “ejecuciones extrajudiciales”. “Si lo hicieron de verdad, asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer”, cuestionó Cabello horas después. “Supongamos, en un ejercicio, que era droga, que iban 11 personas y que les dispararon. ¿Tienen derecho a asesinar a una persona? Sus propias leyes se lo prohíben”, insistió.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional expresó su profunda alarma por la situación. “Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos”, indicó la organización en un comunicado publicado el 4 de septiembre. Añadió que el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene justificación alguna.
“Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que los medios letales intencionales sólo se emplearon cuando era estrictamente inevitable para proteger la vida, que no era posible utilizar ningún medio menos perjudicial, como la captura o la incapacitación no letal, y que el uso de la fuerza fue proporcionado dadas las circunstancias”, señaló.
Petro: “EE.UU. asesina latinoamericanos en su propia tierra”
Casi dos semanas después, este lunes, ocurrió un nuevo ataque contra otra embarcación, confirmó Trump. Afirmó que mató a tres "narcoterroristas" venezolanos, y acompañó su mensaje con un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.
En este contexto, se sumaron más denuncias por parte de organizaciones internacionales y de presidentes de la región, entre ellos el de Colombia, Gustavo Petro, quien tachó lo ocurrido de "asesinato".
"Acaban de destruir otra lancha con tres (personas). Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato, y el Gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra", expresó Petro este lunes.
Para el mandatario colombiano, el ataque contra los presuntos narcotraficantes ocurrió en "mar territorial" de Venezuela, donde Estados Unidos "no tiene el derecho" de atacar.
Pese a todo, el martes Trump confirmó un tercer ataque, del cual no reveló más información.
Ataques contra civiles sin debido proceso judicial
Los ataques y posteriores declaraciones de Trump han generado preguntas legales y diplomáticas, especialmente porque las operaciones habrían ocurrido en aguas internacionales y apuntando contra civiles.
El Gobierno de EE.UU. no ha ofrecido una explicación detallada sobre por qué habría sido legal matar sumariamente a personas sospechosas de un delito, cuando la Marina y la Guardia Costera de EE.UU. podrían haber interceptado sus embarcaciones y arrestarlas para su procesamiento, como han hecho históricamente en el Caribe.
Expertos afirman que los ataques fueron ilegales bajo el derecho internacional, y las denuncias llegaron tanto desde fuera de EE.UU. como incluso desde dentro del Congreso de ese país.
Especialistas en leyes sobre el uso de la fuerza, citados por el diario estadounidense The New York Times, rechazan los argumentos de EE.UU. y sostienen que el ataque no puede considerarse legítima defensa. Destacan que el crimen de tráfico de drogas nunca se ha considerado equivalente a un ataque armado inminente que justifique el uso de fuerza letal, y que el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado contra cárteles de drogas.
A su vez, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos traficantes de drogas”. "Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", indicó un comunicado firmado por tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.
Canales diplomáticos destruidos
Ahora, en medio de la creciente tensión y los cuestionamientos, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se encuentran completamente rotas, según afirmó el propio presidente Maduro.
“Existían canales de comunicación con el Gobierno de EE.UU., y fueron destruidos en ese momento”, dijo. “Hoy puedo anunciar que las comunicaciones han sido destruidas por ellos, con amenazas de bombas, amenazas de muerte y chantajes”. “Hoy, Venezuela tiene más poder nacional, está más unida y más preparada para preservar su independencia y construir la paz bajo cualquier circunstancia, incluso si tuviéramos que recurrir a la lucha armada”, concluyó.
Mientras tanto, Trump reitera en que persigue “narcoterroristas” venezolanos y advierte nuevamente: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, los vamos a cazar”.
Más allá de sus argumentos, la comunidad internacional observa con atención qué pesará más en la balanza: la insistencia de Trump sobre la seguridad de EE.UU. o los derechos humanos, y cuáles serán las consecuencias políticas y humanitarias.
