En un giro inesperado dentro del convulso escenario político colombiano, la justicia revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, relacionado con el presunto intento de manipular testigos en un caso que lo vinculaba con grupos paramilitares de ultraderecha, deja al exmandatario exonerado de todos los cargos y pone fin —al menos por ahora— a uno de los procesos judiciales más emblemáticos y divisivos de la historia reciente de Colombia.
Uribe, líder de la derecha colombiana y una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas, había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, convirtiéndose en agosto pasado en el primer expresidente colombiano sentenciado penalmente. La jueza Sandra Heredia lo había hallado responsable de intentar manipular testigos en un caso vinculado a estructuras paramilitares, pero el Tribunal Superior de Bogotá echó abajo esa decisión al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena.
El tribunal también declaró ilegales las escuchas telefónicas presentadas como evidencia y cuestionó la “metodología” empleada por la jueza de primera instancia.
Un caso que marcó una era
El origen del proceso se remonta a 2012, cuando una disputa política entre Uribe y el senador de izquierda Iván Cepeda escaló en acusaciones cruzadas. Cepeda señaló que el expresidente mantenía vínculos con grupos paramilitares, mientras que Uribe lo acusó de fabricar testimonios con reclusos de esos mismos grupos.
La justicia investigó primero a Cepeda, pero lo exoneró en 2018, y a partir de entonces las pesquisas se centraron en Uribe, bajo la sospecha de que había intentado sobornar testigos para cambiar sus declaraciones. El caso pasó por distintas instancias: inicialmente lo asumió la Corte Suprema de Justicia —por la condición de senador de Uribe—, y más tarde, tras su renuncia, la Fiscalía General de la Nación.
Aunque dos fiscales recomendaron archivar el proceso por falta de pruebas, en 2024 la Fiscalía decidió llevarlo a juicio. En mayo de ese año, Uribe fue formalmente acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, dando inicio a un proceso judicial que culminó con su condena y, meses después, con su revocación.
Reacciones y tensiones políticas
La decisión del tribunal desató una ola de reacciones en Colombia y en el extranjero, reavivando las profundas divisiones que ha generado el nombre de Álvaro Uribe en la vida política del país.
Desde su finca en Antioquia, el expresidente asistió virtualmente a la audiencia y, visiblemente emocionado, agradeció “a Dios y a su equipo jurídico”. “Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad”, expresó tras conocer el fallo que revocó su condena.
En el otro extremo del espectro político, el senador Iván Cepeda, denunciante del caso, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. “Respeto la decisión, pero no la comparto”, señaló, al tiempo que insistió en que la justicia “mantiene una deuda pendiente con las víctimas del paramilitarismo”.
El presidente Gustavo Petro, uno de los principales adversarios de Uribe, reaccionó con dureza. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), aseguró que la resolución “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, en alusión a los años en los que, según él, sectores del poder político se aliaron con estructuras armadas ilegales. Petro convocó manifestaciones para este viernes en rechazo a la decisión judicial y vinculó el fallo con la tensión diplomática creciente entre Bogotá y Washington. “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará sancionar al presidente que denunció, a lo largo de su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar”, escribió.
El eco de la absolución también se sintió fuera del país. En Estados Unidos, el secretario del Estado, Marco Rubio, uno de los más cercanos al expresidente colombiano, celebró la decisión y afirmó que “la justicia colombiana ha prevalecido tras años de caza política contra Uribe y su familia”. Rubio añadió que “el único ‘delito’ del expresidente ha sido defender a su patria” y advirtió sobre “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales”.
