Cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenaron este miércoles el bloqueo naval parcial impuesto por Estados Unidos contra Venezuela, al considerarlo una agresión armada ilegal y contraria a las normas fundamentales del derecho internacional. Además, instaron al Congreso estadounidense a intervenir con el fin de poner término a esta medida.
“No existe ningún derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron los expertos. En este sentido, recordaron que un bloqueo constituye un uso prohibido de la fuerza militar en virtud del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y que, además, está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974.
Como consecuencia, señalaron, esta acción equivale a un ataque armado conforme al artículo 51 de la Carta, lo que, en principio, otorga al Estado afectado el derecho a la legítima defensa.
Conviene precisar que, aunque no hablan en nombre de la ONU, los firmantes del comunicado son Ben Saul, George Katrougalos, Surya Deva y Gina Romero, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos.
Impacto sobre la vida y los derechos humanos
Desde una perspectiva humanitaria, los expertos advirtieron de que el uso ilegal de la fuerza y, en particular, las amenazas de intensificarla tanto en el mar como en tierra ponen en grave peligro el derecho a la vida y otros derechos humanos en Venezuela y en la región. Asimismo, añadieron que existen serias preocupaciones de que las sanciones estadounidenses sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional.
Según indicaron, estas medidas no solo han socavado gravemente los derechos humanos de la población venezolana, sino que también han afectado negativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cabe recordar que el bloqueo se produjo tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2025, de elementos del Gobierno venezolano, incluido su presidente, Nicolás Maduro, como parte de una supuesta “organización terrorista extranjera” denominada Cártel de los Soles, cuya existencia ha sido puesta en duda tanto por Caracas como por varios expertos e investigaciones sobre crimen organizado. Frente a ello, Caracas rechaza estas acusaciones y sostiene que Washington busca derrocar al Gobierno venezolano con el objetivo de apoderarse de sus recursos energéticos.
En diciembre, Washington anunció un “bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela” y desplegara una importante fuerza militar en el Caribe. A partir de entonces, Estados Unidos ha interceptado petroleros y otras embarcaciones como parte de una operación naval basada en sanciones unilaterales.
Condenas a los ataques contra embarcaciones en el Caribe
Por otro lado, desde septiembre, Washington ha lanzado al menos 29 ataques, los cuales han cobrado la vida de por lo menos 105 personas, en una ofensiva que la Casa Blanca ha justificado como su lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
“Estas muertes constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas”, afirmaron. En este punto, recordaron que la agresión es un crimen sujeto a jurisdicción universal conforme al derecho internacional, aunque, al mismo tiempo, precisaron que los altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad penal extranjera mientras permanezcan en funciones.
Finalmente, los expertos instaron al Congreso de Estados Unidos a intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo, y asimismo llamaron a los Estados a adoptar de manera urgente medidas pacíficas para ponerle fin, incluidas protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y otras acciones colectivas.
