Estados Unidos volvió a recurrir a las sanciones para aumentar la presión sobre Caracas, en medio de las tensiones en el Caribe. Este martes, Washington impuso medidas contra una decena de personas y entidades de Venezuela y también de Irán, señalando que estas compañías, según afirma, respaldan un programa de vehículos aéreos no tripulados de Teherán y otras actividades supuestamente vinculadas a la proliferación de armas.
Las medidas, anunciadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, buscan interrumpir la cooperación entre Teherán y Caracas, que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, fortalece el complejo militar-industrial iraní y supone una amenaza para la seguridad regional.
Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), con sede en Venezuela, y su presidente, José Jesús Urdaneta González. Las autoridades del Tesoro alegan, sin aportar pruebas específicas, que la compañía desempeñó un papel clave en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), diseñados en Irán, y en la facilitación de su producción en territorio venezolano.
Washington sostiene además que EANSA contribuyó a la venta de drones de combate por un valor de “millones de dólares” y participó en esfuerzos para adquirir productos químicos destinados a programas de misiles balísticos. También indica que Urdaneta coordinó con miembros de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes para impulsar las capacidades de fabricación de drones dentro del país latinoamericano.
“El (Departamento del) Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”, afirmó John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera. “La provisión continua de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses de EE.UU. en nuestra región”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado, Thomas Pigott.
Pigott agregó que las sanciones reflejan la creciente preocupación por el hecho de que Irán siga, según afirmó, proliferando drones de combate y adquiriendo materiales relacionados con misiles. “No dudaremos en exigir responsabilidades a cualquiera que apoye las actividades de proliferación de Teherán”, indicó.
Venezuela refuerza seguridad de complejos energéticos
Por otra parte, la situación se tensó tras reportes de medios estadounidenses que indicaron este martes que EE.UU. habría atacado una instalación en territorio venezolano. Tras esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que mantiene bajo estricta vigilancia varias instalaciones relacionadas con el petróleo, entre ellas el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, y el Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón.
El Centro de Refinación Paraguaná, considerado uno de los mayores del mundo, procesa crudo para producir gasolina, diésel, asfalto y otros derivados, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por su parte, el Complejo Petroquímico Ana María Campos produce fertilizantes y plásticos, utilizando gas natural como insumo clave, de acuerdo con Petróleos de Venezuela.
Pedro González Ovalles, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral 1 Occidental, informó que una Unidad de Reacción Rápida fue desplegada en “anillos concéntricos” con el objetivo de “garantizar la seguridad integral” de ambas instalaciones estratégicas. La información fue difundida a través de un video publicado por el comandante estratégico operacional de las fuerzas venezolanas, Domingo Hernández Lárez.
El refuerzo de la seguridad se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Washington atacó una “gran instalación” ubicada en una zona portuaria de Venezuela, aunque sin dar detalles sobre su ubicación ni cómo fue la acción. Paralelamente, medios estadounidenses reportaron un supuesto ataque con drones en la costa venezolana, aunque no está claro si se trata del mismo episodio.
Hasta el momento, ninguna de estas acciones ha sido confirmada oficialmente por otras instancias del Gobierno de Estados Unidos, mientras que las autoridades venezolanas tampoco han corroborado ni mencionado públicamente los hechos.
Sin embargo, de verificarse, se trataría del primer ataque directo en territorio venezolano en el marco de la estrategia de Washington, que afirma tener como objetivo el combate al narcotráfico, una justificación que Caracas rechaza.
Ataques y operativos de EE.UU. en el Caribe
El Gobierno de Trump lanzó a fines de agosto una campaña militar contra Caracas bajo el argumento de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, mantiene vínculos con el narcotráfico. El mandatario venezolano ha rechazado reiteradamente estas afirmaciones, sosteniendo que el verdadero objetivo de EE.UU. es promover un cambio de gobierno en Venezuela y apoderarse de los recursos petroleros del país.
Washington mantiene un despliegue militar en las cercanías de las costas venezolanas y, desde septiembre, ha llevado a cabo al menos 30 ataques, que han asesinado al menos a 105 personas. Expertos y líderes han señalado que el uso de fuerza letal contra civiles no se justifica y que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales y violan el derecho internacional.
A estas denuncias se suma la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques petroleros sancionados en las inmediaciones de aguas venezolanas. El presidente Trump anunció la imposición de un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. De acuerdo con la ley internacional, Washington no tiene potestad para intervenir embarcaciones en aguas internacionales, ya que la soberanía corresponde exclusivamente al Estado cuya bandera llevan los buques. En este marco, el Gobierno venezolano calificó esta medida como “irracional” y una “amenaza grotesca”, y presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el decomiso de la embarcación y las acciones adoptadas por Washington.
