El grupo armado Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y largamente envuelto en el conflicto de este país, vuelve a estar bajo la lupa internacional por cuenta de la decisión de Estados Unidos de designarlo como organización terrorista internacional. Este martes, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que clasificaría al grupo bajo esa categoría apuntando a que “el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros”, cuya “principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.
Considerado como el mayor cartel de narcotráfico de Colombia, Washington añadió que el grupo “es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia”. Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, refiriéndose a la designación, advirtió que su país “utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.
El Clan del Golfo –que se originó a finales de la década de los 2000 y tiene sus orígenes en grupos paramilitares de extrema derecha– es considerado el cartel de droga más grande de Colombia, con aproximadamente 9.000 miembros. También se le señala de ser el responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anualmente a Estados Unidos y Europa, según la inteligencia militar colombiana.
El exlíder del grupo, Dairo Antonio Úsuga David, conocido como "Otoniel", fue capturado en octubre de 2021 en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, en una operación masiva denominada Osiris. Posteriormente, alias “Otoniel” fue trasladado a una cárcel en Bogotá y extraditado a Estados Unidos
Coyuntura clave para EE.UU.
No se puede perder de vista que la designación se da en un momento clave, entramada en una coyuntura más amplia y sensible: la escalada de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Latinoamérica, en lo que ha enmarcado como su “lucha contra el tráfico de drogas” y contra los “narcoterroristas”. Al punto que este lunes clasificó formalmente al fentanilo –un potente opioide sintético– como “un arma de destrucción masiva” en una orden ejecutiva que amplía la base legal de sus acciones en este “combate”.
Y la hoja informativa publicada por la Casa Blanca revela ese nexo fundamental que Washington necesita para continuar con su presión sobre la región y con sus acciones militares en el mar Caribe y el Pacífico oriental. El documento establece que los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras “libran conflictos armados por las rutas del narcotráfico” al utilizar las ganancias del fentanilo “para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias”. Y acto seguido advierte que hay un riesgo de que esta sustancia “pueda ser utilizada en ataques terroristas a gran escala por parte de adversarios organizados” contra Estados Unidos. Por lo que representa “una amenaza grave”.
El texto además menciona que Trump –hasta el lunes – ya había designado a ocho cárteles como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua y la MS-13, autorizando “ataques militares para frenar las drogas letales”, “destruir narcobotes” y “frustrar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”. Un detalle que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que menos de 24 horas después sumó un grupo armado más a esta lista de clasificación: el Clan del Golfo.
El hecho de que la hoja informativa defina las operaciones de los carteles como “conflictos armados” y los enmarque bajo una “amenaza grave” parece responder entre líneas a las preocupaciones sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada en los ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental, que han matado a por lo menos 95 personas y destruido 26 embarcaciones.
Múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional. Argumentos que podrían llegar a debatirse si ahora se considera que el riesgo para EE.UU. asciende a la posibilidad de “ataques terroristas a gran escala”.
Alta tensión entre Petro y Trump
Ahora bien, hace menos de una semana, Trump amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con que sería el siguiente después de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en las medidas militares y políticas que lanza la Casa Blanca sobre la región, si no “abría los ojos” ante que en el territorio colombiano hay “fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”. Declaraciones que, además, llegaron poco después de que el mandatario estadounidense abriera la puerta a la posibilidad de lanzar ataques contra Colombia en este “combate” contra el tráfico de drogas.
La relación entre Petro y Trump, desde que este último regresó al poder en enero de este año, ha sido de alta confrontación. Y con el despliegue militar hace casi cuatro meses de Washington en el Caribe, donde Colombia tiene costas, los ánimos han ido escalando. Petro se ha opuesto rotundamente a la presión de la Casa Blanca en América Latina y lo ha denunciado como una agresión a la soberanía de los países en la región.
Mientras, EE.UU. ha tomado medidas administrativas en su contra, como cancelarle la visa y sancionarlo por su supuesta falta de acción para "detener" el narcotráfico.
Negociaciones entre Petro y el Clan del Golfo
Desde su elección en 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha buscado negociar el desarme y la desmovilización con varios grupos armados. Y con el Clan del Golfo el proceso de diálogo se empezó a mediados de septiembre en Doha, con el acompañamiento de Qatar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.
El primer resultado de este esfuerzo llegó el pasado 5 de diciembre con la firma de un acuerdo llamado "Compromisos de Paz en Doha". A través de una declaración conjunta, los mediadores señalaron que este avance "refleja compromiso, responsabilidad y dedicación para aliviar las condiciones de vida de la población civil y poner fin al conflicto armado" en Colombia. En ese sentido, el acuerdo constituye "un paso hacia la desmovilización del autodenominado EGC y la consolidación de la paz", añadió la declaración.
Sin embargo, también advirtieron que el camino pendiente por recorrer continuará siendo difícil. "Habrá muchos obstáculos y desafíos que superar", señalaron.
En el camino ahora llega la designación de Estados Unidos. Aunque se pueden esperar sanciones, operaciones y otras medidas, el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, le dijo al diario El Espectador que aún “es muy temprano para poder decir si eso va a impactar o de qué manera afectará el desarrollo de las conversaciones".
También añadió que "desde el momento en que llegó el presidente Trump y anunció que varios grupos serían nombrados como organizaciones terroristas, esto era una posibilidad”.
Por su parte, Elizabeth Dickinson, analista sobre Colombia del International Crisis Group, le dijo a la agencia de noticias AP que la designación podría ser un mensaje al gobierno colombiano para que adopte una postura más firme contra el grupo. “Las tensiones entre Colombia y Washington están en niveles históricos”, declaró Dickinson.
Añadió que, si bien las designaciones terroristas suelen tener como objetivo impedir que terceros hagan negocios con grupos específicos, el caso del Clan del Golfo podría ser más “simbólico” y “dará que pensar a las autoridades colombianas… de cara al futuro”.
