A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno reconfigura el panorama político en el país. En un fallo histórico, después de 13 años de proceso, Uribe Vélez fue declarado culpable, y días después, sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria. Esta decisión marca un nuevo punto de inflexión que trasciende lo judicial y se convierte en un hito político con efectos sobre la legitimidad institucional y la narrativa electoral.
La sentencia de Uribe: ¿justicia o persecución política?
La figura de Uribe Vélez ha sido central en las dinámicas políticas en Colombia durante décadas. Y ahora ha adquirido una dimensión simbólica aún más poderosa: para sus seguidores es un perseguido político, mientras que para sus opositores es la representación de que nadie está por encima de la ley. Estas lecturas antagónicas marcarán el tono de la campaña electoral para 2026.
Desde la derecha, el uribismo ha calificado la sentencia como un acto de lawfare, es decir persecución judicial y política. En ese sentido, convocó a marchas en defensa de su líder y ha buscado el apoyo de EEUU. Las críticas se han centrado en la presunta politización de la jueza Sandra Heredia por la admisión de prueba controversiales.
Desde la izquierda, se celebra el fallo como una victoria institucional frente a décadas de impunidad, donde la sentencia es leída como un acto de memoria y reparación simbólica, ya que existen varias acusaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos como los llamados falsos positivos (en el marco de la política de seguridad democrática). Ahora bien, cabe aclarar que los delitos por los cuales Uribe Vélez fue condenado no tienen nada que ver con esto.
Elecciones 2026: un panorama de confrontación y miedo
Más que un cierre judicial, el fallo se ha convertido en un nuevo eje de polarización política. En ambos lados se construyen relatos emocionales y simbólicos que se traducen en apoyo o rechazo al expresidente, convirtiendo la justicia en uno de los temas centrales de la contienda electoral. Este contexto anticipa una atmósfera profundamente tensionada con varios rasgos propios de campañas altamente polarizadas y emocionalmente cargadas.
1. Discursos de odio y polarización extrema
Es previsible un aumento en las hostilidades discursivas, con narrativas de “ellos contra nosotros” que profundizan las diferencias morales e ideológicas entre uribistas y petristas (seguidores del actual mandatario Gustavo Petro). Un ejemplo reciente de esta confrontación fue la declaración de Petro, quien calificó de “traidores de la patria” a los precandidatos del Centro Democrático que viajaron a Estados Unidos para recabar apoyo internacional en defensa del expresidente Uribe.
A esto se suma la creciente radicalización del lenguaje político, donde la descalificación reemplaza al debate. Salen a la luz secretos personales de candidatos y líderes con el objetivo de desprestigiarlos, y la desconfianza se convierte en una estrategia deliberada. En este clima, los adversarios políticos dejan de ser rivales y pasan a ser percibidos como amenazas existenciales.
2. La justicia, convertida en arma política
Con el juicio contra Uribe como punto de inflexión, el proceso ya no se limita a definir responsabilidades penales sino que se convierte en un símbolo de disputa electoral. Esto termina convirtiendo a los tribunales en escenarios de campaña, donde cada fallo o investigación por parte de la rama judicial se interpreta como un golpe político, y no como una decisión jurídica.
Así, la justicia pierde su neutralidad a los ojos de la ciudadanía, mientras que los candidatos y partidos la instrumentalizan para reforzar su narrativa o movilizar a sus bases. Esto se puede evidenciar en las acusaciones contra la jueza Heredia por sesgo político durante la lectura del sentido del fallo, en el que manifestó presiones y ataques machistas las cuales fueron criticadas por introducir un ruido ideológico innecesario.
3. Emociones que movilizan, no que convencen
Las campañas recurren cada vez más a símbolos históricos y morales que apelan a la emoción antes que a la razón. Prueba de ello fue lo ocurrido frente al Juzgado de Paloquemao: tras conocerse la sentencia, se registraron enfrentamientos entre seguidores del uribismo y del petrismo, así como protestas con quema de llantas, bloqueos y celebraciones en las calles. La condena a Uribe se convirtió en un catalizador emocional antes que en un cierre jurídico.
4. Redes sociales y desinformación: el nuevo campo de batalla
Se prevé un auge de la desinformación y los discursos de odio, amplificados por el mal uso de la inteligencia artificial. Aunque las redes permiten participación política, también refuerzan burbujas informativas que profundizan la polarización. En este entorno, los adversarios pueden ser deslegitimados, el miedo amplificado y el debate reemplazado por ataques virales y radicalización.
5. Violencia real y tensiones institucionales en aumento
Se espera un aumento en las tensiones institucionales entre el Gobierno y el Congreso, y los distintos niveles de administración (nacional, regional y local). Además de un incremento de la violencia por parte de grupos armados ilegales que afectan la dinámica político electoral como señala un informe de la Fundación PARES donde hubo 57 víctimas entre marzo y junio. A este preocupante panorama se sumó el atentado contra el precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, un hecho que no solo agravó la crisis de seguridad, sino que encendió las alarmas sobre el riesgo que enfrenta la participación democrática de cara a las elecciones de 2026.
Un precedente que afecta la política exterior de Colombia
La sentencia también impacta las relaciones con Estados Unidos, especialmente con sectores del Partido Republicano afines a Uribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros congresistas han cuestionado el fallo, viéndolo como un ataque a un aliado. Estas tensiones, sumadas a otras crisis diplomáticas recientes, ya han llevado al Congreso estadounidense a proponer recortes significativos en la ayuda a Colombia para 2026.
Por lo tanto, no se pueden descartar medidas en contra de Colombia, como aranceles o presiones diplomáticas, replicando lo ocurrido con Brasil por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Este deterioro amenaza con aislar internacionalmente a Colombia en un momento de alta fragilidad interna.
¿Elecciones bajo sospecha?
Finalmente, este contexto enrarecido, polarizado y agresivo prepara el terreno para unas elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026, marcadas por la desconfianza. Gane quien gane, una parte significativa del electorado sentirá que el resultado no es legítimo, alimentando narrativas de fraude, persecución o imposición.
Peor aún, estas percepciones pueden ser amplificadas por aliados internacionales, debilitando la imagen de Colombia y la legitimidad de su próximo gobierno ante el mundo. Y lo más preocupante: cuando el resultado de las urnas deja de ser creíble para los ciudadanos, lo que está en juego no es solo una elección, sino la estabilidad de la democracia misma.
