El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invocado la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, una norma utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para expulsar a ciudadanos venezolanos identificados como miembros del Tren de Aragua, grupo designado como organización terrorista extranjera por Washington.
La ley, que data del siglo XVIII y ha sido aplicada solo tres veces en la historia, otorga al presidente la autoridad para detener o deportar ciudadanos de una nación enemiga en tiempos de guerra.
En su proclamación del sábado, la Casa Blanca afirmó que el Tren de Aragua (TDA) está "estrechamente vinculado al Gobierno de Venezuela" y que está "llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro".
Orden de deportación y confiscación de bienes
La directiva se aplica a todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros del TDA, siempre que no sean ciudadanos naturalizados ni residentes permanentes legales. La proclamación declara que estas personas son "sujetas a detención, restricción, aseguramiento y deportación como Extranjeros Enemigos".
Además de prohibir la entrada y permanencia de estos individuos en cualquier territorio bajo jurisdicción de EE.UU., la orden también permite la confiscación y decomiso de bienes que hayan sido “utilizados, destinados a ser utilizados o comúnmente usados” en las actividades del grupo criminal.
Trump ha ordenado a la fiscal general Pam Bondi preparar y publicar una carta de política en un plazo de 60 días, la cual será distribuida a funcionarios judiciales federales y estatales, así como a gobernadores en todo el país para coordinar la implementación de la medida.
Bloqueo judicial y desafíos legales
A pesar de la proclamación, la aplicación inmediata de la medida sigue en duda. El sábado, un juez federal bloqueó temporalmente el uso de la ley, luego de emitir una orden judicial para detener la deportación de cinco venezolanos, lo que representa el primer obstáculo legal a esta política de Trump.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha anunciado que buscará ampliar la orden judicial en una audiencia remota, con el fin de proteger a otros posibles afectados por la medida.
La proclamación forma parte de la promesa de Trump de endurecer las deportaciones masivas de migrantes indocumentados, sin embargo, los desafíos legales podrían frenar su implementación completa.
