En medio de la guerra civil y la grave crisis humanitaria que golpea a Sudán, Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades, integradas principalmente por ciudadanos y empresas colombianas, por su presunta participación en una red acusada de reclutar a combatientes para las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).
Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta red transnacional "recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños", para luchar en las RSF.
“Las RSF han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas”, declaró el subsecretario del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.
Como consecuencia de la medida quedan bloqueados todos los bienes y activos de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos de ese país, informó la entidad. Asimismo, quedan congeladas las entidades cuya propiedad por parte de las personas designadas sea igual o superior al 50%.
“Las sanciones de hoy (martes) interrumpen una importante fuente de apoyo externo a las RSF, lo que degrada su capacidad para utilizar combatientes colombianos cualificados para perpetrar actos de violencia contra la población civil”, añadió el comunicado.
“Estados Unidos reitera su llamado a los actores externos a que cesen toda forma de apoyo financiero y militar a los beligerantes”, agregó.
Asimismo, Washington reafirmó su compromiso con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 12 de septiembre sobre el Restablecimiento de la Paz y la Seguridad en Sudán. Esta aboga por una tregua inicial de tres meses para permitir el acceso urgente a la ayuda en todo el país, allanando el camino hacia un alto el fuego permanente y un proceso de transición transparente que culmine en un gobierno independiente dirigido por civiles.
Sudán sufre la peor crisis humanitaria del mundo
Sudán, el tercer país más grande de África, atraviesa una crisis sin precedentes derivada de la brutal guerra civil que comenzó en abril de 2023, cuando estalló el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Abdelfattah Al-Burhan, y las RSF, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
Desde entonces, el conflicto ha dejado miles de muertos y ha desplazado a millones de personas, sumiendo al país en lo que la ONU califica como la “peor crisis humanitaria” del mundo.
Según datos de Naciones Unidas, la guerra ha provocado la muerte de 40.000 personas, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra real podría ser mucho mayor. Más de 14 millones de personas han sido desplazadas y en varias zonas se ha declarado hambruna.
En octubre, las RSF tomaron Al Fasher, la ciudad más grande de Darfur, agravando una situación ya crítica de la ciudad, que había permanecido aislada durante más de 16 meses bajo un asedio que limitó drásticamente el acceso a alimentos, agua y atención médica.
Organizaciones humanitarias han registrado denuncias de atrocidades contra gran parte de la población de Darfur, incluyendo violencia sexual, ejecuciones sumarias y crímenes de guerra, así como masacres de civiles. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 100.000 personas huyeron de Al Fasher y sus alrededores, mientras que más de 260.000 permanecen en la ciudad, entre ellos 130.000 niños.
A esta situación se suma otra crisis silenciosa pero igualmente devastadora. A comienzos de noviembre, un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) indicó que más de 21 millones de personas en todo Sudán enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, la mayor crisis de este tipo en el mundo. El análisis del IPC, respaldado por la ONU, confirma que las condiciones extremas continúan en El Fasher, en Darfur del Norte, y en Kadugli, en Kordofán del Sur, donde las familias sobreviven con hojas, alimento para animales y pasto.
A las masacres y la hambruna se suman enfermedades que se están propagando por todo el país, como el cólera, el dengue y la malaria. En Jartum, la capital, las redes de agua han colapsado, los cortes de electricidad son constantes y la acumulación de basura ha generado condiciones propicias para la expansión de estas enfermedades. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), desde principios de 2025 se han registrado más de 7.700 casos de cólera y 185 muertes en el Estado de Jartum, incluyendo más de 1.000 infecciones en niños menores de cinco años.
Sudán acusa a las RSF cometer genocidio
En este contexto, Sudán acusó este martes a las RSF de cometer un genocidio y pidió a la comunidad internacional que actúe más allá de simples declaraciones de preocupación.
Durante una sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, el ministro sudanés Faisal Abdelazim Salim Mohamed señaló que los civiles en Al Fasher y otras zonas han sido víctimas de asesinatos masivos, violencia sexual, desplazamientos forzados y la destrucción deliberada de pruebas. “Estos actos, por su escala e intención, cumplen la definición legal de genocidio”, afirmó.
En este sentido, instó a la comunidad internacional a convertir las condenas en “medidas concretas, legales y decisivas para proteger a los civiles”. “Estos crímenes no están ocultos. Están documentados, son públicos. Y exigen más que una simple expresión de preocupación: exigen rendición de cuentas”, añadió.
