La relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a tensarse esta semana con acusaciones cruzadas y el despliegue militar en el Caribe. Washington advirtió que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles del narcotráfico, elevando la retórica a un nuevo nivel, al mismo tiempo que Caracas denunciaba lo que llamó una “incursión ilegal” de cazas estadounidenses en una zona aérea bajo su control.
Una notificación del Pentágono al Congreso, obtenida por la agencia de noticias AFP, clasifica a los cárteles como “grupos armados no estatales” y a sus integrantes como “combatientes ilegales”. Con esta definición, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca blindar jurídicamente las operaciones recientes frente a las costas venezolana.
El New York Times, afirmó que tuvo acceso al texto que envió el Pentágono, indicando que este detalla la base legal invocada para esos ataques. Washington sostiene que actuó en “legítima defensa”, argumentando que el narcotráfico constituye actos hostiles contra el país. Sin embargo, no identificó a los cárteles implicados ni explicó bajo qué criterios se clasificó a los muertos como combatientes ilegales.
En el Congreso, la medida despertó críticas. El senador demócrata Jack Reed acusó a Trump de estar librando “guerras secretas” sin autorización legislativa ni sustento jurídico sólido.
Caracas denuncia provocación y hostigamiento
En paralelo, el Gobierno de Venezuela denunció lo que calificó de “incursión ilegal” de cazas estadounidenses en su espacio aéreo. En un comunicado conjunto, los ministerios de Defensa y Exteriores denunciaron “enérgicamente” la incursión de aeronaves de combate detectadas a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, y calificaron el episodio como parte de “un patrón de hostigamiento”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que el sistema de defensa aérea detectó “más de cinco vectores” y consideró el hecho como “una provocación” y “una amenaza a la seguridad nacional”. En televisión estatal, lanzó un mensaje desafiante: “El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Los estamos viendo. No nos intimida”.
La disputa por la narrativa
Estados Unidos, que acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una organización “narcoterrorista”, desplegó semanas atrás ocho buques de guerra en el Caribe y aviones F-35 en Puerto Rico. Según la administración Trump, esas fuerzas destruyeron cuatro lanchas dedicadas al tráfico de drogas, dejando al menos 17 muertos. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que el presidente actuó “conforme a la ley de los conflictos armados” para proteger a Estados Unidos de amenazas que “intentan llevar veneno mortal” a sus costas.
En paralelo, Caracas movilizó buques, helicópteros, cazas, transporte aéreo, vehículos anfibios y 2.500 efectivos, además de realizar simulacros militares y entrenamientos de la Milicia Bolivariana. Maduro anunció que tiene listo un decreto para declarar un “estado de conmoción exterior”, una medida excepcional que nunca se ha aplicado y que ampliaría sus poderes en caso de conflicto.
Mientras Washington subraya la legalidad de sus acciones, Caracas denuncia que estas operaciones constituyen una amenaza a la soberanía venezolana y advierte que el narcotráfico está siendo utilizado como pretexto para presionar políticamente al gobierno.