Las tensiones diplomáticas entre España e Israel aumentaron tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificó a Israel de “Estado genocida”. En medio de la brutal ofensiva militar en Gaza y una fuerte crítica por parte de la sociedad española a las relaciones comerciales con Israel, sus palabras provocaron una rápida y contundente reacción de Tel Aviv, que convocó a la embajadora española a una reunión “de amonestación”.
"No hacemos negocios con un Estado genocida, no lo hacemos", afirmó Sánchez durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, en respuesta al parlamentario Gabriel Rufián, quien señaló al Gobierno español de mantener relaciones comerciales con Israel pese a su ofensiva en Gaza.
Medios locales destacaron que es la primera vez que el jefe del Gobierno utiliza públicamente el término “Estado genocida”. Sin embargo, es una expresión que emplean con frecuencia integrantes de sus socios de coalición, del Partido Sumar, la plataforma política de izquierda liderada por la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
La reacción de Israel no se hizo esperar. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció la convocatoria de la embajadora de España en Tel Aviv, Ana Salomón, para una reunión este jueves en Jerusalén.
“Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén”, informó el comunicado.
Las polémicas relaciones comerciales
Las palabras de Sánchez llegan en medio de una polémica en España por la continuidad de relaciones comerciales con Israel, especialmente en materia de armamento.
El pasado 24 de abril, el Gobierno español anunció la rescisión de un contrato por valor de 6,6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la adquisición de 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. La decisión fue interpretada como un gesto hacia Sumar, que había exigido el cese del comercio de armas con Israel como condición para preservar la estabilidad de la coalición.
Israel criticó la cancelación del contrato, acusando al Gobierno español de “sacrificar consideraciones de seguridad por motivos políticos” y de posicionarse “en el lado equivocado de la historia”.
Por su parte, desde el inicio de la ofensiva en Gaza, Yolanda Díaz ha acusado reiteradamente a Israel de genocidio y ha exigido la suspensión total de las relaciones comerciales entre ambos países.
No es la primera vez
No es la primera vez que las declaraciones del Gobierno español despiertan la reacción de Tel Aviv ni tampoco la primera vez que la embajadora de España, Ana Salomón ha sido llamada a consultas.
El primer llamamiento se produjo en noviembre de 2023, después de que Sánchez generara controversia con sus declaraciones desde el paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, donde pidió a Israel permitir la entrada de ayuda humanitaria a territorio palestino.
En mayo de 2024, la tensión volvió a escalar cuando Israel Katz, ministro de Exteriores israelí, llamó a consultas tanto a su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, como a la embajadora española en Israel. El motivo de entonces fue el anuncio del Gobierno español de que reconocería oficialmente al Estado palestino.
Un genocidio que se cobró 53.000 vidas
Las acusaciones de genocidio contra Israel han ganado peso internacional a medida que se acumulan denuncias por la devastadora ofensiva militar sobre Gaza. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a cerca de 52.900 palestinos, la mayoría mujeres y niños, según fuentes del Ministerio de Salud de Gaza y organismos humanitarios.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Además, Israel enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, interpuesta por Sudáfrica. El tribunal de La Haya ya incorporó el caso y emitió medidas cautelares que ordenan a Israel prevenir actos genocidas y permitir el acceso de ayuda humanitaria al enclave.
