Más dudas, cuestionamientos y críticas legales surgieron en torno a la ofensiva de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, tras la decisión del presidente Donald Trump de repatriar a Ecuador y Colombia a los sobrevivientes del último ataque militar contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. Según expertos, la medida permite eludir su procesamiento o posible custodia militar, evitando así el escrutinio judicial, y reaviva dudas sobre la legalidad de las operaciones y la existencia de un conflicto armado.
La administración de Trump ha justificado los ataques —que desde el mes pasado han dejado al menos 27 muertos— alegando que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra cárteles latinoamericanos vinculados al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sostiene que sus operaciones impidieron el ingreso de grandes cantidades de drogas al país. Sin embargo, no ha presentado pruebas de ningún tipo. Por eso, organizaciones y analistas en derecho internacional cuestionan la narrativa de Washington y consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.
En esta línea, expertos consultados por el diario estadounidense The Washington Post recordaron que no existe autorización del Congreso para operaciones militares como la que se lleva a cabo en el Caribe y que la base legal para detener o procesar sospechosos es “poco clara”. El ex asesor jurídico del Departamento de Estado Brian Finucane dijo a ese medio que repatriar a los sobrevivientes del ataque, ocurrido el 18 de octubre, pudo haber sido una forma de evitar que un tribunal exigiera pruebas sobre si realmente existe un conflicto armado y qué transportaba la embarcación atacada. La liberación de los dos hombres, añadió, pone en duda la versión oficial y aviva las críticas sobre la legitimidad de las acciones militares.
El New York Times coincide en que la decisión de Trump evitó el dilema sobre qué hacer con las primeras personas capturadas. Mantenerlos como detenidos de guerra en prisiones como la de Guantánamo habría abierto la posibilidad de que los tribunales cuestionaran si realmente existe una guerra como la que dice Washington, mientras que juzgarlos en tribunales civiles habría planteado otros problemas: no estaba claro si existían pruebas admisibles para demostrar su culpabilidad.
También The Guardian señala que, según expertos legales consultados, enviar a los sobrevivientes a sus países de origen permitió al ejército estadounidense evitar enfrentarse a complejos problemas jurídicos sobre la detención militar de presuntos narcotraficantes, cuyos supuestos delitos no encajan claramente en las leyes de la guerra.
¿Qué se sabe de los sobrevivientes?
Uno de los sobrevivientes del ataque es un ciudadano ecuatoriano identificado como Andrés Fernando Tufiño Chila. Las autoridades de Quito confirmaron su repatriación y un médico aseguró que se encuentra en buen estado de salud, según un comunicado difundido por la agencia AP.
Tras revisar sus antecedentes, la Fiscalía General de Ecuador dispuso su liberación. “Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener”, indicó la entidad, y añadió que “tampoco tenía procesos pendientes en su contra”.
El segundo sobreviviente es Jeison Obando Pérez, un colombiano de 34 años. Según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de la red social X, Obando llegó al país en estado crítico, con “trauma cerebral, sedado, medicado y conectado a un ventilador”. Medios locales señalaron que su condición sigue siendo grave y que permanece hospitalizado en el sur de Bogotá.
Benedetti lo describió como un “criminal” que deberá responder ante la justicia por narcotráfico. En declaraciones al medio colombiano Noticias Caracol, afirmó que “llevaba una lancha llena de cocaína; eso en nuestro país es un delito y, aunque ocurrió en aguas internacionales, la repatriación de Obando Pérez se procesa como si fuera bajo jurisdicción de Estados Unidos”. Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó el sábado la llegada del connacional y expresó: “Nos alegra que esté vivo y será procesado conforme a la ley”.
