“‘No’ a los golpes de Estado dados por la CIA”, proclamó este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que su homólogo de EE.UU., Donald Trump, confirmara haber autorizado a la agencia de inteligencia estadounidense a realizar operaciones en el país sudamericano. El anuncio despertó sospechas sobre la posible participación de la CIA en acciones previas para desestabilizar al Gobierno de Caracas y crear pretextos para una intervención, tales como un presunto plan de “falsa bandera” denunciado recientemente por las autoridades venezolanas.
Ante un comité especial formado tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe —que Washington presenta como una gran operación contra el narcotráfico, pero que Caracas asegura es un intento de cambio de régimen bajo argumentos falsos—, Maduro subrayó la necesidad de decir “no” a la guerra en el Caribe.
Caracas calificó las declaraciones de Trump en las que confirmó su autorización a las operaciones de la CIA como “belicistas y extravagantes”, y denunció que esto constituye una “gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”. En un comunicado, subrayó que tales acciones no solo amenazan la soberanía venezolana, sino que también representan una peligrosa escalada en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.
“Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”, expresó el gobierno venezolano en un comunicado.
“Estados Unidos nos llama ‘narcoterroristas’ sin pruebas”, dijo Maduro, “pero Venezuela se mantendrá firme y resistirá”. Asimismo, aunque ordenó continuar con ejercicios militares en las principales ciudades del país, el presidente llamó a llevar un mensaje de paz, enfatizando: “No queremos guerra en el Caribe ni en Latinoamérica, not war, just peace”.
Autorización a la CIA
Las declaraciones de Maduro llegan en un contexto de alta tensión, luego de que Trump confirmara haber otorgado a la CIA autoridad legal para llevar a cabo operaciones en Venezuela mediante una determinación presidencial, un mecanismo que permite actividades clandestinas e incluso letales.
Cuando los periodistas le preguntaron si esa autorización incluía un intento de asesinato contra Maduro, Trump evitó responder directamente: “No quiero responder una pregunta así. Es una pregunta ridícula… Pero creo que Venezuela está sintiendo presión, y muchos otros países también la están sintiendo”, afirmó.
El mandatario añadió que la medida se tomó porque Venezuela habría “vaciado sus prisiones e instituciones mentales en Estados Unidos” y era responsable del tráfico de drogas. “Actuaron de manera sucia y descarada”, señaló. Y agregó: “Mucha de la droga venezolana entra por el mar, pero también vamos a detenerla por tierra”, reforzando su intención de actuar en operaciones terrestres, algo que ya había anticipado.
Su confirmación sigue a un reporte del medio estadounidense The New York Times que reveló que el presidente dio autoridad legal a la CIA para operar en Venezuela. Decía que, bajo este amparo, la CIA podría actuar de manera unilateral o junto con el ejército estadounidense, que ha desplegado unos 10.000 soldados en el Caribe, principalmente en Puerto Rico, apoyados por varios buques de guerra y un submarino de la Armada.
Según funcionarios citados por el medio, ya se han elaborado planes militares para posibles ataques dentro de Venezuela. Sin embargo, aún no está claro si la CIA ha ejecutado alguna misión bajo esta directiva.
¿Posibles vínculos con el plan de “falsa bandera” denunciado por Venezuela?
La autorización a la CIA llega en un contexto marcado por denuncias previas de Caracas sobre un presunto plan de “falsa bandera” destinado a justificar una intervención extranjera. El 8 de octubre, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Ejecutivo venezolano, reportó que sectores extremistas de la derecha local intentaron colocar explosivos en la embajada estadounidense en Caracas para generar un “casus belli” —motivo de guerra— que justificara acciones militares o sanciones internacionales contra Venezuela.
En ese momento, Rodríguez acusó a Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, de promover políticas orientadas al “cambio de régimen” y a una “guerra” en Venezuela, en coordinación con sectores opositores, y subrayó que “ese era el objetivo del intento de colocar artefactos explosivos en la embajada” de EE.UU.
“Si revisamos la historia reciente y no tan reciente de los eventos bélicos (...) en los que se han involucrado, de manera expresa y voluntaria, los distintos Gobiernos de los Estados Unidos de América, noten siempre que aparece lo que ya se denomina, de una manera muy coloquial y con mucha frecuencia en los medios de comunicación, un casus belli”, había afirmado, nombrando precedentes como las guerras de Iraq o Libia.
Por su parte, el 7 de octubre, Maduro también se había referido a la presunta operación. Consultado sobre si este hecho era un pretexto para propiciar un ataque estadounidense en territorio venezolano, respondió: “Seguro que sí, es una operación típica de falsa bandera, de provocación para después armar el escándalo y utilizar el poder comunicacional a través de redes y medios para culpar al Gobierno bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamientos”.
Ahora, con la confirmación de Trump sobre la autoridad legal de la CIA para operar en Venezuela, se evidencia el posible vínculo entre las denuncias previas de Caracas y la medida estadounidense. Aunque el Gobierno de Maduro no ha mencionado explícitamente a la CIA en relación con el plan de “falsa bandera”, sí señala a EE.UU. como posible instigador, mientras que los nuevos movimientos militares y operaciones encubiertas refuerzan la percepción de que este habría sido un intento de intervención, frustrado en parte por acciones de inteligencia venezolanas.
La CIA tiene una larga historia de operaciones en América Latina que han desembocado en cambios de gobierno. Históricamente, la participación de la agencia en este tipo de operaciones ha variado ampliamente, desde el compromiso paramilitar directo hasta tareas de recolección de inteligencia y apoyo con poca o ninguna presencia física.

Colombia advierte sobre una “posible invasión”
Los comentarios de Trump generaron alerta también en Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que la política estadounidense sobre drogas en la región podría derivar en una “posible invasión” a Venezuela.
“La política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos (...) tiene como consecuencia cercana una posible invasión a la república de Venezuela", expresó Petro.
Además, el líder colombiano señaló que los recientes ataques estadounidenses a diversas embarcaciones en costas internacionales cerca de Venezuela son contrarios a la resolución impulsada por Colombia y aprobada por unanimidad la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vincula las políticas de drogas con los derechos humanos.
Consciente de que un conflicto en el país vecino afectaría a Colombia y defendiendo la hermandad latinoamericana, Petro advirtió: “Esa sí es mi responsabilidad: si allá caen misiles o, como anuncian hoy, se inicia por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o de Mariners sobre población civil desarmada, se estaría contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”.
Washington sigue atacando barcos, en medio de cuestionamientos legales
Mientras, el diálogo entre Washington y Caracas permanece estancado. Informes indican que Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con Maduro a principios de octubre, tras frustrarse por la negativa del líder venezolano a renunciar voluntariamente al poder.
Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques contra barcos venezolanos que, según afirma, están involucrados en el tráfico de drogas, aunque no ha respaldado estas acusaciones con pruebas. Desde inicios de septiembre, al menos 27 personas han muerto en estas operaciones, en lo que expertos internacionales definen como asesinatos ilegales, ya usan fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados, y contra quienes no existen pruebas.
El más reciente ataque ocurrió este martes y dejó seis heridos. La policía de Trinidad y Tobago informó a la agencia de noticias AFP que investiga la posible muerte de dos ciudadanos de su país en el incidente, tras recibir alertas de residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, al norte de Trinidad, sobre la presencia de sus compatriotas en la embarcación.
Estas denuncias se suman a las de Colombia, donde Petro ha declarado que algunos de los fallecidos en ataques anteriores podrían haber sido ciudadanos colombianos.