Un nuevo ataque estadounidense en el Caribe desató controversia este martes. Washington volvió a atacar una embarcación en aguas internacionales, cerca de las costas de Venezuela, causando la muerte de seis personas. Según la administración estadounidense, la embarcación “transportaba drogas”, argumento que se ha utilizado en otros ataques realizados en los últimos dos meses. Estos incidentes han generado denuncias desde Caracas y también controversia dentro de EE.UU., con llamados de miembros del Congreso a investigar la legalidad y justificación de la operación.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el hecho este martes a través de sus redes sociales, asegurando que “los seis tripulantes perdieron la vida” y que “ninguna de las fuerzas estadounidenses resultó herida”. Con este ataque, que es el quinto incidente mortal según reportes de agencias de noticias —aunque sería el sexto según declaraciones oficiales de Washington—, se eleva a 27 el número de víctimas en estas operaciones en la región durante su administración.
Estos ataques forman parte de lo que Trump ha denominado “guerra contra el narcotráfico” desde el 2 de septiembre, con Venezuela como uno de los principales focos.
En el marco de esta operación, la Marina estadounidense ha desplegado buques y aeronaves en el Caribe y el Pacífico, en lo que califica como operaciones “antinarcóticos”. Además, grupos delictivos como el Tren de Aragua (Venezuela), el Cártel de Sinaloa (México) y la MS-13 (El Salvador) han sido designados por la administración estadounidense como organizaciones “terroristas”, y Trump sostiene que estos presuntos narcotraficantes deben ser tratados como “combatientes ilegales” frente a los cuales se puede usar fuerza militar. Además, Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de tener vínculos con estas redes criminales.
Desde Caracas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha condenado en reiteradas ocasiones el despliegue militar estadounidense, calificándolo como un intento ilegal de derrocar a su gobierno. Asimismo, acusó a Washington de utilizar su campaña como pretexto para la agresión, advirtiendo que cualquier ataque desencadenará una “movilización nacional”.
Controversia dentro de EE.UU.
Las operaciones militares de Estados Unidos contra los cárteles de droga han desatado una creciente controversia, especialmente tras la declaración formal de un "conflicto armado no internacional" contra estas organizaciones por parte de Washington. Esta medida, según algunos miembros del Congreso, le permitiría a la Casa Blanca ejecutar ataques militares letales en el Caribe sin la debida autorización legislativa.
Por un lado, algunos congresistas republicanos han exigido más información sobre la justificación legal y los detalles de los ataques, mientras que los demócratas denuncian que estas acciones violan la ley estadounidense y el derecho internacional. La polémica llevó a una votación la semana pasada para intentar frenar estas operaciones, aunque no tuvo éxito.
El pasado 9 de octubre, el Congreso celebró una votación impulsada por el Partido Demócrata, destinada a limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump. La resolución proponía que cualquier nuevo ataque militar contra los cárteles de droga requiriera autorización previa del Congreso. Fue la primera vez que los legisladores se pronunciaron formalmente sobre la campaña militar del mandatario en América Latina.
La votación, ajustada y marcada por líneas partidistas, terminó con 48 votos a favor y 51 en contra, rechazando la medida. Dos republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— se desmarcaron de su partido y apoyaron la resolución, evidenciando la creciente incomodidad que genera la ofensiva de Trump incluso dentro de sus filas.
Críticas demócratas e incluso republicanas
Los demócratas denuncian que la Casa Blanca ejecuta ataques sin autorización del Congreso, violando la ley estadounidense y el derecho internacional. Acusan además que la administración designa unilateralmente a los cárteles como “narco-terroristas” para justificar el uso de la fuerza, sin ofrecer transparencia sobre estas decisiones.
En esta línea, el senador Jack Reed, de Rhode Island y miembro del Comité de Servicios Armados, afirmó la semana pasada que el presidente no puede usar a las Fuerzas Armadas a su antojo. “Es una amenaza real y presente para nuestra democracia”, añadió.
Mientras tanto, el senador Jim Himes calificó los ataques como “asesinatos ilegales” y “preocupantes”, señalando que el Congreso recibe poca información de la administración Trump. “Basándome en lo que sé ahora y en la lectura de ese memorando, estos son asesinatos ilegales”, afirmó Himes, quien es el miembro de mayor rango de la Comisión Permanente Selecta de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
“La idea de que Estados Unidos esté involucrado en un conflicto armado con cualquier narcotraficante venezolano es absurda. No se sostendría ante ningún tribunal”, dijo. Himes insistió además en que la designación de los cárteles como “narco-terroristas” “no otorga automáticamente la autoridad para tomar medidas letales”, calificando la justificación legal de los ataques como “cuestionable” y “ridícula”.
Otros demócratas alertaron sobre los riesgos de que el despliegue naval estadounidense en el Caribe marque un cambio de estrategia militar con consecuencias imprevisibles. “Este es el tipo de cosas que llevan a un país, de manera inesperada e involuntaria, a una guerra”, advirtió el congresista Adam Schiff.
También el senador Todd Young, de Indiana, aseguró que, pese a respaldar la resolución demócrata, sigue “sumamente preocupado por la legalidad” de los ataques ordenados por la administración Trump.
