Después de tres años de incógnitas, investigación y acusaciones cruzadas entre sectores políticos de Argentina, este miércoles fueron condenados a prisión dos de los acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. Fernando Sabag Montiel recibió una pena de 10 años de prisión, mientras que Brenda Uliarte deberá cumplir ocho años. El fallo pone punto final a un juicio que sacudió al país y mantuvo en vilo a la opinión pública.
Los acontecimientos se remontan exactamente al 1 de septiembre de 2022, cuando cientos de simpatizantes saludaban a Fernández frente a su residencia, en la Ciudad de Buenos Aires. Sabag Montiel, de 38 años, se infiltró entre la multitud y gatilló dos veces a la cabeza de la entonces vicepresidenta, aunque las balas no llegaron a salir del arma y no fue herida. La sentencia indica que fue condenado por intento de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. La jueza explicó que, sumando condenas previas por pornografía infantil, la pena total de Sabag Montiel alcanza los 14 años.
Asimismo, su entonces pareja, Brenda Uliarte, de 26 años, recibió una pena de ocho años de cárcel al ser considerada “partícipe necesaria” del atentado.
En cambio, un tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto; se le acusaba de planificar el ataque y era el jefe de Sabag Montiel y Uliarte, a quienes contrataba como vendedores callejeros de algodón de azúcar.
Durante el juicio, iniciado en junio del año pasado, Sabag Montiel afirmó que su acción buscaba "hacer justicia" frente a lo que, según él, era “la corrupción” de Fernández. En sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, se limitó a hablar de conspiraciones y negó haber recibido pagos por el intento de asesinato. Uliarte, por su parte, optó por no declarar.
Los fiscales demostraron que Sabag Montiel y Uliarte planearon el ataque con antelación, con pruebas que incluyen chats de WhatsApp y visitas a la residencia de Fernández para observar sus rutinas y seguridad. Durante el atentado, los seguidores de Fernández lograron detener a Sabag Montiel tras disparar el arma defectuosa.
El pedido de la expresidenta de investigar a los supuestos financistas del atentado fue desestimado y se sigue como causa separada.
En estos últimos años, el intento de asesinato tuvo amplia repercusiones en todo el país, dividiendo a los sectores políticos. El hecho movilizó en ese entonces a cientos de miles de personas que salieron a las calles en apoyo a la expresidenta, principal referente de la oposición peronista. El analista Facundo Cruz comentó a la agencia AFP que el caso "refrescó la oscura memoria de que se puede apelar a la violencia para resolver diferencias políticas" y destacó que evidenció que en el siglo XXI aún pueden ocurrir hechos violentos que se creían desterrados de la vida política argentina.
El atentado contra la vida de la expresidenta se produjo en el marco del juicio por corrupción que enfrentaba Fernández por la adjudicación irregular de obras viales, por el cual fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación política perpetua. Desde junio de 2025, la exmandataria de 72 años cumple su condena bajo arresto domiciliario en Buenos Aires, desde cuyo balcón ocasionalmente saluda a sus simpatizantes. No obstante, desde su entorno insisten en que ha sido víctima de una estrategia de lawfare, es decir, persecución política y judicial con el objetivo de eliminarla como candidata.
