Tras un largo camino de procesos y decisiones judiciales, los ecuatorianos finalmente votarán un referéndum en noviembre para decidir si se convoca una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva carta magna para reemplazar la Constitución vigente desde 2008. La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, obtuvo este miércoles el aval de la Corte Constitucional, despejando así el camino hacia la consulta.
Además de la creación de la asamblea, el referéndum preguntará por otros temas polémicos, como volver a permitir bases militares extranjeras en el país. El mandatario impulsa estos cambios en medio de su lucha contra las bandas del narcotráfico, a las que señala como responsables de que Ecuador ahora registre una de las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica.
Entre las medidas planteadas inicialmente –aunque no todas aprobadas– también figuraban la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, el fin del financiamiento estatal a los partidos, la reducción del número de legisladores, la autorización de contratos laborales por horas en el sector turístico y la reapertura de casinos en hoteles.
Sin embargo, la consulta se había estancado hacia varias semanas, ya que requiere el aval de la Corte Constitucional, cuyos fallos son inapelables y suelen tardar en resolverse. La paralización se debió al rechazo de varias de las preguntas presentadas por el Ejecutivo, pero todo cambió este miércoles.
Cronología hacia el referéndum
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, para modificar la Constitución que se aprobó durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fue una de las principales promesas de Noboa en la campaña electoral de inicios de año, cuando ganó la reelección.
Inicialmente, el presidente intentó reformar la Constitución mediante el Parlamento, pero al fracasar optó por la vía del referéndum. En agosto, la Corte Constitucional validó algunas de las preguntas, incluida la de las bases militares. Sin embargo, el 4 de septiembre, rechazó tres de las siete planteadas, entre ellas una de las más sensible: la creación de una Asamblea Constituyente.
La luz verde
Lejos de desistir, el 20 de septiembre Noboa firmó un decreto para convocar igualmente la consulta. Ese mismo día, sin embargo, el tribunal suspendió la medida de manera provisional tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad. El mandatario reaccionó derogando la orden y emitiendo otra al día siguiente, con lo cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió la nueva convocatoria a la Corte Constitucional para revisión.
Finalmente, este miércoles, la Corte Constitucional dio su visto bueno, señalando que el presidente corrigió las observaciones planteadas en su primera propuesta. Informó su “dictamen favorable para la convocatoria a una Asamblea Constituyente”, que se decidirá en el referéndum. Así, dispuso al CNE que incluya en la papeleta la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen.
Añadió que que no le corresponde “pronunciarse sobre la conveniencia de convocar o no a una Asamblea Constituyente ni valorar si las reglas electorales estatutarias son las óptimas”. Eso, subrayó, debe decidirlo “responsable y exclusivamente el pueblo”.
Tras conocerse la decisión, Noboa ironizó en X que “el Foro de la Democracia pedirá que se pregunte al VAR si fue gol”, en referencia al grupo que presentó una de las demandas aceptadas por los jueces, y al sistema de videoarbitraje que en fútbol sirve como apoyo para que los árbitros vuelvan a ver los movimientos de los jugadores, en busca de alguna posible falta que deba ser penalizada.
Entonces, ¿qué se votará?
Una de las preguntas centrales que tendrán el 16 de noviembre será: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.
¿Qué pasa si gana el “sí” para la Asamblea Constituyente?
En caso de aprobarse, la asamblea estará integrada por 80 miembros: 24 nacionales, 50 provinciales (uno por provincia más uno adicional por cada 471.000 habitantes), y seis por las circunscripciones del exterior. Tendrá un plazo de 180 días para redactar la nueva Constitución, prorrogables por 60 más.
Una vez que haya una nueva propuesta de Constitución, deberá ser aprobada por la mitad más uno de los ecuatorianos en un nuevo referéndum.
El debate sobre las bases militares
Ahora bien, tras tantas idas y vueltas, el referéndum ya tiene fecha y llegará también con uno de los temas más polémicos: la consulta sobre las bases militares extranjeras.
En junio, el Parlamento ya había aprobado enmiendas que abrían la puerta a esta modificación, y en agosto la Corte Constitucional dio luz verde a que se consulte a los ciudadanos. De aprobarse, Ecuador podría volver a permitir la presencia de fuerzas armadas de otros países, bajo el argumento de reforzar la lucha contra el crimen organizado.
En ese caso, se planta la posibilidad de que Estados Unidos u otros países aliados tengan instalaciones militares en territorio ecuatoriano. Hasta 2009, Washington utilizó instalaciones de la Fuerza Aérea en el puerto de Manta (suroeste) para operaciones antidrogas, mediante un acuerdo de cooperación por diez años.
Para las bases, la pregunta será: “Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”.
Protestas y acusaciones de “terrorismo”
En paralelo a estas decisiones, Ecuador vive una serie de protestas. Desde el lunes, cientos de indígenas han desafiado el estado de excepción y bloqueado carreteras en rechazo al aumento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocó a un paro nacional indefinido, sostiene que el incremento encarece la vida en comunidades agrícolas ya golpeadas por la crisis.
La Conaie, que lideró protestas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005, denunció en X que entre los detenidos hay campesinos, mujeres y líderes sociales que ejercían su derecho a la resistencia. La organización acusó al gobierno de “criminalizar la protesta” para ocultar su responsabilidad frente a la crisis económica y social.
En medio de la tensión, Noboa señaló el martes, sin mostrar pruebas, que las manifestaciones cuentan con financiamiento del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, catalogado como terrorista por Quito desde enero, en una medida que pareció seguir los pasos de Washington. La acusación fue rechazada de inmediato por los pueblos originarios, que la consideraron un intento de desacreditar sus reclamos.
Y este miércoles, Noboa endureció su discurso. En un acto público en Imbabura, epicentro de las movilizaciones, aseguró que el país enfrenta “actos de terrorismo disfrazados de protesta” y advirtió que “Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”. Según el mandatario, no se trata de reclamos sociales legítimos.
