Bogotá, Colombia- La seguridad ha cobrado mayor relevancia en América Latina durante las últimas semanas, tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Washington justifica la medida como parte de su estrategia contra el narcotráfico, un argumento que Caracas ha rechazado y denunciado como falso. Ahora bien, una medida militar de este tipo plantea de nuevo interrogantes sobre la seguridad hemisférica, en torno a la articulación con actores externos, el alcance de la cooperación regional y el lugar que la defensa ocupa en la agenda latinoamericana.
El debate, que se ha dado desde hace varios meses desde Colombia y Ecuador hasta Argentina, no ocurren en el vacío: se desarrollan en un contexto en el que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha ampliado su proyección hacia nuevos socios y regiones. Pero, ¿qué busca cada país latinoamericano al vincularse –o desmarcarse– de estas iniciativas de seguridad ampliadas, y qué desafíos plantea eso para su relación con la OTAN y otros actores globales?
Ecuador
Bajo el Gobierno de Daniel Noboa, uno de los pocos mandatarios latinoamericanos presentes en la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ecuador ha consolidado un giro significativo en materia de seguridad. Desde la campaña para su reelección, Noboa se declaró abierto al ingreso de “fuerzas especiales del exterior” con el fin, según afirmó, de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Un enfoque que coincide con la retórica utilizada por el líder estadounidense en los últimos meses.
Al comenzar su segundo mandato, Noboa recibió a principios de agosto a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, y a otros altos funcionarios con el objetivo de profundizar la cooperación en seguridad y migración irregular. Durante su visita, Noem y autoridades ecuatorianas firmaron un memorando de entendimiento que establece intercambios entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y la Policía Nacional del Ecuador. El acuerdo prevé el despliegue de un oficial de enlace ecuatoriano en el Centro Nacional de Selección (NTC, por sus siglas en inglés), con la misión de apoyar en la identificación de viajeros peligrosos, incluidos actores vinculados al crimen organizado, al terrorismo y al tráfico ilícito.
Un mes después, el 4 de septiembre de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Quito para dar continuidad a las gestiones de Kristi Noem. En esta ocasión, además de prometer 13,7 millones de dólares para combatir las drogas y el crimen –y la posibilidad de otros 6 millones destinados a drones–, Rubio declaró: “Tuvimos una base militar en el pasado. Nos pidieron que nos fuéramos, y durante el Gobierno de Correa nos fuimos. Si nos invitan a regresar, es estratégico; lo estudiaremos”.
Esta oferta no ha sido ignorada por el presidente Noboa quien, el 18 de septiembre convocó a una consulta popular para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras, una medida que se ha considerado polémica tanto en su contenido como en su procedimiento, pues no ha contado con el aval de la Corte Constitucional, requisito establecido por la ley. En medio del rechazo del alto tribunal a varias preguntas del referéndum, Noboa redobló su apuesta al publicar, al día siguiente, un decreto que convoca a una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si estaría de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.
La convocatoria se produce en medio de crecientes tensiones con el máximo tribunal del país y protestas sociales por la eliminación del subsidio al diésel. Diversos sectores han cuestionado al mandatario por eludir los procedimientos legales establecidos para este tipo de reformas. Los pasos dados por Daniel Noboa, en materia de seguridad, marchan en sintonía con los de Javier Milei, presidente de Argentina, quien igualmente busca dar a su país un papel más activo en su relación con la OTAN y en la seguridad hemisférica.
Argentina
En lo que ha sido su undécimo viaje a Estados Unidos en 21 meses de gestión, el presidente Milei sostuvo este martes otra reunión con el presidente Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y el resultado fue un apoyo frontal de Washington al argentino para su reelección en 2027. "Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer: le doy mi apoyo total. Acabamos de respaldarlo para la presidencia", declaró Trump.
Ante una pregunta de la prensa sobre la posible ayuda financiera de Washington a Buenos Aires, Trump respondió que su gobierno brindará apoyo, aunque consideró que el país no necesitará "un rescate económico" gracias al "trabajo fantástico" de Milei. Posteriormente, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que se negocia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. un acuerdo de asistencia financiera al país suramericano "lo más rápido posible". Y añadió que los equipos técnicos de ambas naciones ya trabajan para “llevarlo a cabo lo más rápido posible”.
El encuentro de Milei-Trump se produce después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara: “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el (Departamento del) Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”. Estas declaraciones dispararon los mercados argentinos: el peso se apreció, las acciones y los bonos repuntaron, y el riesgo país llegó a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos.
Ahora bien, en materia de seguridad, Milei ha impulsado que Argentina se alinee más estrechamente con la OTAN. De hecho, el mandatario solicitó formalmente en abril de 2024 su ingreso como socio global de la organización, entregando una carta de intención en Bruselas con el propósito de “recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN”, según declaró el ministro de Defensa, Luis Petri, en ese momento.
Este movimiento busca profundizar la integración de Buenos Aires en la arquitectura de seguridad occidental y consolidar un alineamiento político que trasciende la cooperación técnica. Cabe señalar que Argentina ostenta desde 1998 el estatus Aliado importante extra-OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés), una designación contemplada bajo la legislación estadounidense que "proporciona a los socios extranjeros ciertos beneficios en las áreas de comercio de defensa y cooperación en seguridad". Y que además funciona también como un poderoso símbolo de la estrecha relación con Washington. Aunque este estatus no implica compromisos de defensa mutuos, si refuerza lazos estratégicos.
En esa misma línea, y como parte de su agenda proestadounidense, Milei ha planteado incluso la eliminación de la visa para ciudadanos argentinos que viajen A EE.UU, buscando extender esa convergencia más allá de los ámbitos político y militar.
Colombia
En un marcado contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a mediados de septiembre que su país dejará de comprar armas a Estados Unidos, en respuesta a la decisión del Departamento de Estado de descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico, señalando que “bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”. La descertificación –la primera en más de tres décadas– fue interpretada en Casa de Nariño como un gesto político dirigido a Petro más que al país en su conjunto.
En respuesta, Petro acusó a Estados Unidos de no asumir su responsabilidad frente al consumo interno de drogas y calificó como errática la política antidrogas de Trump. “Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares, del armamento de los Estados Unidos”, dijo Petro durante un consejo de ministros, al criticar la medida de Washington. Afirmó que Colombia puede producir su propio armamento o adquirirlo de otros países.
En la misma línea, el 16 de julio de 2025, Petro afirmó que Colombia debería abandonar su estatus como socio global de la OTAN. Más que un giro simbólico, se trataría de un paso más de su gobierno en la búsqueda por diversificar socios –especialmente acercándose a otros países del Sur Global– y, al mismo tiempo, reducir su exposición a los mecanismos de seguridad occidentales.
La declaración de Petro sobre la participación de Bogotá en la OTAN abre un nuevo debate sobre el rumbo de la política exterior del país de cara a las elecciones de 2026. Colombia es un país marcado por décadas de conflicto armado, pero que ha logrado abrirse un lugar único dentro de la arquitectura de seguridad global: hasta ahora, ha sido el único país de América Latina en ostentar simultáneamente el estatus de socio global de la OTAN y de Aliado Importante No-OTAN. Esto no es un aspecto menor.
Dos estatus: la posición singular de Colombia frente a la OTAN
Existen dos figuras diferentes que suelen presentarse como equivalentes: el estatus de “socio global de la OTAN” y la categoría de “Aliado Importante No-OTAN” (MNNA, por sus siglas en inglés).
La primera es una designación otorgada directamente por la OTAN. Ser “socio global” no implica membresía plena ni activa compromisos de defensa mutua bajo el Artículo 5, pero abre vías relevantes de cooperación: ejercicios militares, entrenamiento especializado y coordinación en ciberseguridad, espacio y nuevas tecnologías. Actualmente, los socios globales incluyen a Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Mongolia, Iraq y Pakistán.
En 2017, tras años de diálogo y cooperación, Colombia fue incorporada a este grupo. Esto le ha permitido integrarse en proyectos orientados a promover enfoques comunes en materia de paz y seguridad —incluida la seguridad humana—, un aspecto especialmente significativo para un país marcado por un prolongado conflicto armado y complejos procesos de paz. Además, ha tomado parte en iniciativas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, el desarrollo tecnologías militares avanzadas y la defensa frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.
El segundo estatus, el de Major Non-NATO Ally (MNNA), es distinto: no lo otorga la OTAN, sino Estados Unidos, mediante acuerdos bilaterales. Ofrece beneficios concretos –como acceso a armamento, financiamiento militar y cooperación en seguridad avanzada– e implica un reconocimiento político de alto nivel. Aunque no crea un vínculo formal con la OTAN, puede facilitar conexiones indirectas a través de mecanismos compartidos con Washington. De los 20 países que actualmente tienen dicho estatus, solo tres son latinoamericanos: Argentina desde 1988, Brasil desde 2019 y Colombia desde 2022.
Entre cooperación y autonomía: el dilema estratégico latinoamericano ante la OTAN
No obstante, la voluntad de Petro de retirar a Colombia del estatus de socio global de la OTAN podría también tener efectos colaterales sobre su reconocimiento como MNNA de Estados Unidos. El caso de Afganistán es ilustrativo: tras la caída del gobierno aliado en Kabul, la administración del entonces presidente Joe Biden revocó en 2022 su designación de Afganistán como MNNA, evidenciando que estos reconocimientos son reversibles y dependen de decisiones políticas. Si se considera el precedente del conflicto verbal entre Petro y Trump por la política migratoria, así como las advertencias del presidente estadounidense contra los países que se acerquen a los BRICS, no puede descartarse que la Casa Blanca recurra a ese instrumento como herramienta de presión diplomática.
En este contexto, mientras Colombia se distancia de la OTAN, otros países de la región –como Argentina y Ecuador– avanzan en dirección opuesta, buscando ocupar el espacio que Bogotá estaría dejando vacante.
