Bajo la excusa de “combatir el antisemitismo”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para deportar a estudiantes y activistas extranjeros que participaron en las protestas propalestinas contra el genocidio de Israel en Gaza.

El documento instruye a los secretarios de Estado, Educación y Seguridad Nacional a solicitar a las universidades de EE.UU. a que vigilen e informen sobre actividades de estudiantes y profesores extranjeros que puedan considerarse antisemitas. ¿El objetivo? Tomar medidas de acuerdo a la ley y, si procede, actuar para expulsarlos del país.

La orden establece varias disposiciones en materia de antisemitismo. Sin embargo, pone el foco especialmente en las protestas que estallaron en abril de 2024 en los campus universitarios de todo Estados Unidos en rechazo a la ofensiva en Gaza y el apoyo de Washington a Israel. Esas manifestaciones se prolongaron durante unos tres meses y dejaron un saldo de unos 3.100 detenidos.

Aunque el documento asume que los manifestantes cometieron actos antisemitas, estos han negado que sus protestas tuvieran esa intención o que apoyaran de alguna forma a Hamás, y sostienen que protestaban contra la ofensiva militar de Tel Aviv.

Una hoja informativa de la orden prometía “una acción inmediata” del Departamento de Justicia para procesar “amenazas terroristas, incendios provocados, vandalismo y violencia contra los judíos estadounidenses”. Además, señalaba que la medida movilizará todos los recursos federales para combatir lo que ha denominado “la explosión del antisemitismo en nuestros campus y calles” desde el 7 de octubre de 2023.

"A todos los residentes extranjeros que se unieron a las protestas”, se leía en el documento, les advertimos: en 2025, los encontraremos y los deportaremos". Citando a Trump, la declaración añadió: "También cancelaré rápidamente las visas de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que se han visto infestados de radicalismo como nunca antes".

La hoja informativa también acusó a los cientos de miles de manifestantes haber “obstruido” el acceso de los estudiantes judíos a sus clases y de “agredir” a los fieles en las sinagogas" además de "vandalizar monumentos y estatuas estadounidenses".

La orden ejecutiva además solicita a las agencias gubernamentales presentar recomendaciones dentro de 60 días sobre las autoridades civiles y penales que podrían utilizarse para combatir el antisemitismo. Sin embargo, no se menciona ninguna acción similar para abordar la creciente islamofobia o racismo antiárabe, fenómenos ampliamente documentados en el país.

Esta medida se suma a otra anunciada por Trump el primer día de su presidencia que, según grupos de derechos humanos, establece las bases para restaurar una prohibición de viaje para personas provenientes de países predominantemente musulmanes o árabes. Dicha prohibición, que otorga mayores facultades para denegar solicitudes de visa y expulsar a individuos bajo criterios ideológicos, ha sido vista como un intento por reforzar una agenda de exclusión.

Críticas a la medida

La orden ha provocado una fuerte oposición entre diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles. El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), una de las principales voces en defensa de los derechos de los musulmanes, rechazó la medida, acusando al gobierno de utilizar el pretexto de combatir el antisemitismo para atacar “la libertad de expresión y la humanidad palestina”. CAIR calificó la orden de “deshonesta, excesivamente amplia e inejecutable”.

También advirtió que si la orden se implementa la impugnará en los tribunales.

De manera similar, la organización Jewish Voice for Peace (JVP), que se identifica como antisionista y progresista, criticó duramente la orden, calificándola de una “cruzada violenta” contra la libertad de expresión y la disidencia política.

A través de un mensaje en la red social X, JVP expresó su preocupación por los planes de Trump de continuar lo que consideran una ofensiva para “destruir la libertad y la democracia” en el país. La organización también denunció la orden como un intento “vil” de silenciar la oposición a las políticas militares de Israel en Gaza, respaldadas por Estados Unidos.

JVP acusó además a Trump y a grupos de derecha de aprovechar las preocupaciones sobre el antisemitismo para promover su propia agenda política, asegurando que nunca han defendido realmente al pueblo judío ni se preocupan por su seguridad.

Por ello, la organización instó a funcionarios electos y administradores universitarios a rechazar la orden ejecutiva, advirtiendo que esta podría “interrumpir el movimiento histórico por la liberación palestina en Estados Unidos” y servir para reprimir otras causas progresistas. Finalmente, la organización prometió resistir la medida, calificándola de “autoritaria”, “inconstitucional” y “violenta”.