Israel podría abrir la puerta a que sus ciudadanos tengan propiedades en Cisjordania ocupada, donde medio millón de colonos ya viven de manera ilegal. Un comité del Parlamento, conocido en hebreo como la Knesset, aprobó el borrador de un proyecto de ley que permitiría a los israelíes ser propietarios de tierras en Cisjordania ocupada, amenazando así con profundizar el desplazamiento de palestinos y hacer realidad la anexión de facto del territorio, ocupado por Israel desde 1967.
El proyecto fue presentado por el diputado Yuli Edelstein, del partido gobernante Likud; Limor Son Har-Melech, del partido Otzma Yehudit, y Moshe Solon de Sionismo Religioso. Según la oficina de prensa de la Knesset, cuatro legisladores apoyaron la iniciativa, sin que se registrara oposición. Sin embargo, no se indicó cuántos miembros del comité estuvieron presentes.
En los comités de la Knesset, los proyectos de ley se aprueban con la mayoría de los presentes, sin importar la asistencia total. Aún así, aún deben pasar tres lecturas en el pleno antes de convertirse en ley. Hasta ahora, no se ha informado sobre cuándo será la siguiente sesión.
Según el parlamento, esta propuesta anula la ley jordana original, que fue promulgada en 1953, para impedir que no árabes adquirieran propiedades en Cisjordania ocupada, y “permite que cualquier persona compre bienes raíces”.
La historia del territorio es clave para entender el contexto. Israel se estableció en mayo de 1948 sobre tierras palestinas ocupadas, tras masacres perpetradas por grupos armados sionistas que expulsaron a cientos de miles de palestinos de sus hogares.
Jordania anunció la unificación de las riberas oeste y este del río Jordán el 24 de abril de 1950 y comenzó formalmente la administración de Cisjordania en junio de ese año, antes de que Israel ocupara el territorio en 1967. El 31 de julio de 1988, el fallecido rey jordano Hussein anunció su desvinculación de Cisjordania, aunque mantuvo la custodia de los lugares santos musulmanes y cristianos en Jerusalén ocupada.
En los últimos años, Israel ha intensificado sus políticas en Cisjordania ocupada, ampliando asentamientos y desplazando a palestinos, como parte de un proceso que algunos expertos describen como una anexión de facto. Esta dinámica pone en riesgo la viabilidad de una solución de dos Estados, respaldada por múltiples resoluciones de la ONU.
Actualmente, se estima que unos 500.000 colonos israelíes viven de manera ilegal en Cisjordania ocupada, excluyendo Jerusalén Este ocupada. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró en una decisión histórica que la ocupación israelí es ilegal y pidió la evacuación de todos los asentamientos en ambos territorios.
Tel Aviv avanza con el plan de asentamiento ilegal E1
Mientras, Israel avanza sin descanso en sus planes de expansión y consolidación de asentamientos ilegales en tierras palestinas.
En Al-Eizariya, una localidad cercana a Jerusalén Este ocupada, cada vez más casas y negocios están recibiendo avisos de demolición y evacuación.
Las notificaciones argumentan que los edificios fueron construidos sin permisos. Sin embargo, los palestinos aseguran que obtener dichas autorizaciones en el territorio ocupado es prácticamente imposible.
Así, residentes locales relacionan estas demoliciones con el plan E1, uno de los mayores proyectos de asentamientos ilegales aprobados en la región: busca construir alrededor de 3.400 viviendas. El plan pretende, además, cubrir 12 kilómetros cuadrados al este de Jerusalén ocupada y conectarla con Maale Adunim, uno de los asentamientos ilegales israelíes más grandes en Cisjordania ocupada.
El E1 ha sido condenado por varios líderes internacionales. El portavoz del secretario General de la ONU afirmó que representaría una “amenaza existencial” para un Estado palestino contiguo, porque separaría aún más Jerusalén Este ocupada del resto de Cisjordania ocupada.
Khalil Tufakji, director de cartografía de la Sociedad de Estudios Árabes de Jerusalén, afirmó que el proyecto garantizaría que los palestinos “no puedan usar las carreteras designadas para israelíes”, describiéndolo como “apartheid entre árabes y judíos”. Las personas que viajen entre Al-Eizariya y Jerusalén tendrían que tomar una ruta tres veces más larga que la actual, apuntó.
Mohammed Matar, funcionario de la Autoridad Palestina encargado de combatir la actividad de asentamientos ilegales, predijo que E1 provocaría un gran cambio demográfico en la zona, con colonos israelíes ilegales “dos veces más numerosos que los palestinos”.
Además, “desplazará a más de 24 comunidades beduinas palestinas, todas ellas dependientes del ganado”, agregó, y por lo tanto del terreno para pastoreo.
“Esta es nuestra tierra: tierra palestina”
“Este es un proyecto de destrucción total para la economía y para la gente. Afectará a todos”, dijo Yahya Abu Ghaliyeh, de 37 años, cuya vivienda en Al-Eizariya fue demolida por las autoridades israelíes a principios de este año. Ahora, su negocio de lavado de coches también está en la lista de demolición.
Abu Ghaliyeh, fue contundente: “Ellos (los israelíes) solo piensan en sus propios intereses (...) Es como si la comunidad palestina fuera ganado. No les importa si termino durmiendo al aire libre”.
“Están persiguiendo nuestros medios de vida y los de nuestros hijos”, agregó el padre de cinco hijos, que emplea a cinco personas. “He estado aquí 10 años, construimos una base de clientes… ¿cómo pueden pedirme que evacúe?”
Pero, por ahora, Abu Ghaliyeh insiste en quedarse. “No tengo intención de evacuar”, dijo. “Esta es nuestra tierra: tierra palestina.”
Nueva operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, revelan fuentes
Este miércoles, el ejército israelí lanzó una nueva operación militar masiva en Cisjordania ocupada, reforzando significativamente sus fuerzas en el norte de la gobernación de Tubas. Las fuerzas desplegaron excavadoras militares en varias zonas, mientras helicópteros israelíes abrieron fuego contra objetivos cuya naturaleza aún no ha sido identificada, según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu.
“Es la primera vez en años que helicópteros Apache participan en una operación de este tipo, disparando ametralladoras pesadas hacia zonas residenciales”, declaró el gobernador de Tubas, Ahmad Al-Asaad, en un comunicado publicado en Facebook.
La operación afectó a la ciudad de Tubas y a las localidades de Aqaba y Tammun. El ejército impuso un toque de queda y bloqueó todas las entradas de la zona con terraplenes y puestos de control, restringiendo incluso el movimiento de ambulancias y equipos médicos, según el gobernador.
Asimismo, las fuerzas israelíes registraron varias viviendas en Tammun, Tubas, al-Far’a y Tayasi, convirtiendo muchas de ellas en puestos militares. Para responder a la situación y atender necesidades humanitarias, se estableció un comité de emergencia que coordina con instituciones locales. Escuelas y lugares de trabajo suspendieron operaciones como medida de seguridad.
El ejército israelí afirmó en un comunicado que la operación, realizada con agentes del Shin Bet y la policía, forma parte de sus “esfuerzos antiterroristas” en la región. Sin embargo, Al-Asaad rechazó estas afirmaciones, asegurando que no había “personas buscadas” en Tubas y calificando la operación de “política, no de seguridad”.
El diario israelí Yedioth Ahronoth indicó que tres brigadas participan en la operación, que se extenderá varios días y recuerda a los ataques a campos de refugiados en Cisjordania ocupada durante la ofensiva contra Gaza. Según el periódico, el objetivo es “desmantelar la infraestructura de las organizaciones y localizar explosivos y armas”.
Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás condenó la operación, calificándola como parte de la política israelí para “aniquilar cualquier presencia palestina y consolidar el control total de Cisjordania (ocupada)”. El movimiento hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera urgente y responsabilice a Tel Aviv por sus violaciones al derecho internacional y los “crímenes de guerra” cometidos contra los palestinos.
