Buenos Aires, Argentina — Este año, León, un niño argentino de ocho años diagnosticado con autismo cuando tenía dos, tuvo dificultades para acceder a las cuatro terapias semanales de fonoaudiología, psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional que necesita. Mariel Rodera, su madre, cuenta en diálogo con TRT Español que todas son esenciales, pero “fue muy difícil conseguir profesionales y se demoró tres meses en poder comenzar”. 

Como León, en Argentina hay más de cinco millones de personas que viven con una discapacidad, lo que equivale al 12,9% de la población, según datos del Censo 2022. Pero de este total solo 1.855.978 personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, el cual permite acceder a derechos y prestaciones médicas, al transporte público gratuito y a exenciones impositivas. 

A esto se suma que las pensiones pagadas por incapacidad laboral alcanzan apenas los 219.949,62 pesos argentinos al mes por persona –unos 145 dólares–, cifra por debajo de lo previsto por la canasta básica y la línea de pobreza.

Pese a estas ya desafiantes condiciones, el sistema de asistencia ha sido fuertemente golpeado por el plan de ajuste fiscal del presidente Javier Milei: “Motosierra”, en sus propias palabras. Si bien desde que asumió la presidencia en 2023, el mandatario ha mantenido el superávit primario – y logró reducir la inflación del 211% en 2023 al 31,8% en los últimos 12 meses– su programa de austeridad está afectando duramente a sectores vulnerables, incluidas las personas con discapacidad.

Por eso, este 3 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, miles de argentinos con esta condición marcharán hacia el Congreso en la capital Buenos Aires. Su mensaje es claro: protestar contra las reducciones fiscales del gobierno, que denuncian ha impactado su vida cotidiana y los ha sometido a una serie de sufrimientos.

“Están dejando a los chicos sin sus terapias y a los adultos sin la pensión. El daño puede ser irreparable, por eso estamos desesperados”, señaló Ana Dones, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diálogo con el medio argentino Página 12, horas antes de la manifestación.

Recortes y cambios en el sistema de salud

Justamente, este descontento lleva meses gestándose y surgió con fuerza desde finales de 2024, cuando el deterioro de las prestaciones hizo que miles de personas con discapacidad, como León, empezaran a enfrentar dificultades para acceder a terapias, medicamentos y traslados. 

También quedó amenazado el pago de las pensiones por incapacidad laboral luego de que el gobierno pusiera en marcha una serie de recortes y auditorías en el sector. Muchos salieron previamente a las calles de Buenos Aires para reclamar más fondos que permitan cubrir sus terapias, y el Congreso sancionó en junio una ley que declara la emergencia del sector hasta 2027, con el objetivo de asegurar la protección a las personas con discapacidad.

El presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Daniel Ramos, afirma a TRT Español que, desde diciembre de 2024, no se actualizan los montos de las prestaciones. “El último aumento fue del 0,5 %, muy por debajo de la inflación”, asegura.

Así, las familias “empiezan a quedarse sin terapias o sin transporte”, lamenta Ramos. “Quienes tienen recursos pueden pagar un adicional, porque sino muchos niños se pierden la escuela”, explica. 

En la misma línea, medios locales revelaron que también se habilitó la desregulación del sistema de cobertura de salud y se autorizó a obras sociales y seguros médicos privados a fijar precios arbitrarios para terapias, apoyos técnicos y servicios esenciales.

A los ajustes presupuestarios se sumó un decreto con cambios de criterios médicos para otorgar certificados por discapacidad, que incluían terminología con palabras como “idiota”, “imbécil” o “débil mental” para definir el grado de incapacidad.

A su vez, se eliminaron más de 110.000 pensiones por discapacidad debido a que “se detectaron irregularidades y desvío de fondos en la adjudicación”, de acuerdo al gobierno, aunque organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtieron sobre la “evidente intencionalidad de dar de baja a los beneficiarios”. También señalaron “la metodología de notificación de las revisiones es inaccesible para muchos de los destinatarios”.

“Los profesionales que atienden cobran muy poco dinero y reducen el tiempo de trabajo”, explica Rodera, la madre de León. Y detalla que antes cada sesión duraba una hora y ahora se recortaron a 30 minutos. También mencionó que otros pacientes sufrieron el recorte de servicios de traslados.

El costo personal

Para familiares como Rodera mantener los cuidados es fundamental. “Él aprende más lento, poder sostener la escolaridad es muy importante. Y pagar una terapia es muy difícil, imposible”, asegura.

“Me da miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin su terapia”, dice a TRT Español. “Desde que empezó sus terapias mejoró mucho, empezó a hablar y socializar”, señala. 

Rodera teme que, de agravarse la situación, no pueda cubrir el costo de las terapias y la escuela privada a la que asiste el niño, por ahora abonadas por su seguro médico. “Pagar una terapia es imposible, es doloroso que la salud de tu hijo corra riesgo”, admite la mujer, docente de un jardín de infantes. “Yo no podría pagarlo”.

Y Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad, destaca otro desafío: los centros de terapia también sufren la falta de recursos y no pueden solventar el pago de salarios y servicios. “Muchos están tomando deudas, otros cerraron y algunos están en venta”, explica.

Vivir con una discapacidad 

Para Guadalupe Bargiela, una joven de 24 años ciega de nacimiento, tener una discapacidad “implica mayores gastos, inversión y costos en apoyos, ayudas técnicas, medicación y terapias”, comparte con TRT Español.

En 2024, esta estudiante de Derecho y activista por los derechos de personas con discapacidad fue despedida de su empleo en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Lloraba, no podía creer lo que me pasaba. Conseguir trabajo para una persona con discapacidad implica humillación, discriminación y desprecio”, explica.

“Los empleadores piensan que nos tienen que dar algo como obra de caridad. Una persona con discapacidad puede ser un profesional como cualquier otro”, señala.

Argentinos como Bargiela admiten que ha tenido un impacto muy personal y limita su rol en el país. “Hay que entender a la discapacidad no sólo como una cuestión social, sino también como algo identitario”, señala.

“No se nos escucha ni contempla. Nos ven como un objeto de cuidado, no como personas con una voz válida”, asegura. “Uno tiene capacidades porque es persona. Y tiene una discapacidad que lo limita en la participación plena y efectiva de la sociedad”, argumenta.

Fondos limitados para discapacidad y continuar con terapias

En junio, el Congreso aprobó una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027 para resforzar la protección social, laboral, educativa y sanitaria para ese colectivo. El plan aumentaría el gasto estatal en discapacidad entre 0,2% y 0,4%.

No obstante, Milei vetó la ley al afirmar que el "equilibrio fiscal" es una prioridad de su gestión y que el proyecto no especifica cómo se financiaría el gasto que implica. La Agencia Nacional de Discapacidad calificó la propuesta como “regresiva” y sostuvo que vuelve a un modelo asistencialista ya superado.

Pero en septiembre el Congreso reunió los votos para rechazar ese veto, por lo que la ley está vigente y el Poder Ejecutivo debe reglamentarla. Ese mismo mes, tras la derrota electoral de su partido en la provincia de Buenos Aires, Milei prometió un paquete de mejoras incluidas en el presupuesto enviado al Congreso para 2026 que incluye un aumento del 5 % por encima de la inflación para pensiones por discapacidad. 

Después, el gobierno quedó envuelto en una polémica tras la filtración de audios en los que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, alegaba un esquema de coimas de unos 800.000 dólares pagados por un proveedor farmacéutico que beneficiaba a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general del gobierno. Milei despidió a Spagnuolo y defendió a su hermana: “Somos un gobierno de gente honesta. No hemos quitado asistencia a nadie a quien le corresponda”, afirmó.

Tras las elecciones legislativas de octubre, el gobierno anunció aumentos de entre 29 % y 35 % para profesionales y prestadores de servicios a personas con discapacidad.

Pero más allá de los ires y venires políticos, para Rodera lo fundamental es que León pueda continuar con sus terapias. “Cada paso que damos es para que pueda ser autónomo, que pueda hablar y expresarse. Y para que eso ocurra en el futuro, en el presente debe tener asegurados sus derechos básicos: la escuela y las terapias”.