Washington, Estados Unidos – Casi con nostalgia, Guadalupe recuerda cuando sus seis hijos eran muy pequeños y tenía que levantarse a las 3:30 de la mañana para que le alcanzase el tiempo a prepararles el “lunch”, llevarlos a la niñera y entrar a trabajar a las 6:30. Después, le esperaba una larga jornada recogiendo fresas en el campo en Santa María, California. 

Como para tantos migrantes en Estados Unidos, el día a día no era sencillo, pero esta mexicana asegura que era mejor que ahora. Al menos podían salir a la calle sin miedo. “Desde que empezó el 2025, es lo peor que he visto en los 20 años que llevo aquí. No salimos, como mucho una vez a la semana a hacer la compra. Es peligroso”, cuenta a TRT Español.

Guadalupe, de 45 años y quien ha pedido no utilizar su nombre real en este artículo para proteger su identidad, es una de las 9 millones de personas que hoy día trabajan en Estados Unidos sin tener permiso de residencia y ahora son consideradas objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El presidente Donald Trump prometió llevar a cabo "la mayor deportación de criminales de la historia de EE.UU.", pero desde que regresó al poder en enero de 2025 ha puesto bajo la lupa la situación de las personas sin documentos en el país, incluidas aquellas que no tienen antecedentes penales. En total, según los expertos, en EE.UU. residen entre 11 y 14 millones de personas sin papeles, y el 40% procede de México. 

Trabajadores esenciales

Muchos de los agricultores afectados dicen sentirse señalados por el Gobierno de EE.UU., pese a que consideran que su trabajo es "esencial" para el país, según informes. En octubre, un grupo de empresarios del sector agrícola acudió al Congreso del país a pedir permisos especiales para lo que consideran trabajadores esenciales, alertando del efecto que las deportaciones están teniendo en el suministro de alimentos. De acuerdo con su manifiesto, una bajada del 10% en la mano de obra agrícola les provocaría pérdidas de más de 5.000 millones de dólares. Y según el Departamento de Agricultura, casi la mitad de los jornaleros contratados en el país no tienen estatus legal (40%).

Desde la Casa Blanca, en junio de 2025, Trump ordenó al ICE reducir temporalmente las redadas en granjas y plantaciones agrícolas, lo que, según expertos consultados por TRT Español, resalta la influencia de este sector en Estados Unidos.

“Parece que el Gobierno de Trump se ha dado cuenta de que los inmigrantes son muy importantes para el suministro de alimentos y para mantener los precios bajos”, explica a TRT Español Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración estadounidense en el Instituto de Política Migratoria. “Las encuestas claramente muestran que los estadounidenses están enfadados con la inflación, sobre todo la del supermercado. Así que están reconociendo que no es necesario aplicar la ley migratoria en los campos en beneficio de los objetivos económicos del Gobierno”.

Cambio de rutinas

Sin embargo, aunque los agentes del ICE ya no entren en granjas y campos, siguen estando muy activos, de acuerdo con los entrevistados. Para Guadalupe, las últimas semanas han sido complicadas porque la policía migratoria “estuvo fuerte” y se llevó a varios conocidos. Muy cerca de donde vive detuvieron a otras dos personas “bien temprano”; a otros los persiguieron “donde el car wash”, y a varios los alcanzaron, afirma la mexicana. 

Además, ahora utilizan otras tácticas para detenerlos, como convocarlos a citas de inmigración, asegura Norberto González, director en California de la organización sin fines de lucro Poder Latinx, dedicada a impulsar a la comunidad latina, quien critica el enfoque actual en Estados Unidos.

“Los mandan llamar a las oficinas en fines de semana, que no es típico, y luego los arrestan”, afirma en conversación con TRT Español. “Yo estuve en una de ellas temprano en la mañana, les dicen tienes que estar aquí de las siete a las nueve, nosotros estuvimos ahí afuera y vimos a dos carros que los metieron como que si fueran criminales, literalmente, los arrestaron y traían pistolas, los metieron atrás del coche. Salieron zumbando de la oficina a llevarlos al área de detención”, asegura.

Por eso, Guadalupe y su marido señalan que han cambiado sus rutinas. Ahora que ambos están esperando a que los llamen para volver a trabajar en cultivos de fresa, apenas salen de casa. Cuando lo hacen, buscan en redes sociales esos perfiles que avisan dónde se han observado recientemente a agentes del ICE para evitar esas zonas, pero nunca se sienten seguros, dicen. Y no son los únicos. 

Alejandro, otro trabajador del campo mexicano que reside en Santa María y quien también ha pedido no revelar su nombre para proteger su identidad, asegura que tiene mucho miedo de salir. “Es un terror grande por todo lo que está pasando y estamos viviendo. Si tengo que salir de casa, lo hago, pero solo para lo imprescindible. Me limito mucho”. 

Portavoces de la comunidad señalan que es una tendencia que han observado durante los últimos meses y que no solo ha afectado a los trabajadores del campo.

“En noviembre la gente se asustó, empezaron a no ir a la escuela. A los niños les daba temor de ir a los doctores”, relata González de Poder Latinx. “Los negocios pequeños en las comunidades rurales, tiendas pequeñas de latinos donde compran sus alimentos, empezaron a ver que no llegaba la gente. Se vendía menos, e incluso algunas personas empezaron a pedir que les llevaran el mandado a la casa. Eso antes no pasaba aquí. Hoy, todavía hay temor a salir después del trabajo y todo el mundo regresa a casa”. 

Del miedo a la indignación

Alejandro asegura que el 100% de sus compañeros de trabajo son migrantes procedentes de México. Guadalupe cuenta que en su caso son la inmensa mayoría. Luego, detrás del miedo de los migrantes ha empezado a brotar enfado e indignación. “Si nos llevan, va a estar escaso todo. Nosotros hacemos el trabajo más duro”, dice él. “A ver qué harían, porque esto se queda vacío”, dice ella. 

Hablar de la posibilidad de que los expulsen del país los hace pensar en cómo empezarían una vida de cero en otro lugar después de tantas décadas en Estados Unidos. “Si nos llegan a echar vamos a llegar con las manos vacías. No tenemos casa propia aquí, estamos pagando la renta a los que tienen cuatro cinco casas aquí que han sido construidas”, lamenta Guadalupe.“¿De qué mano? De nosotros. Todo eso se va a quedar aquí”.

Alejandro, de su lado, lleva en Estados Unidos 28 años (tiene 46), y, pese al miedo, no se plantea irse. “He tenido pesadillas en la que me están siguiendo, y se siente feo, se siente impotencia. La situación es muy difícil. Si me llega a pasar algo, si me deportan… Dios no lo quiera, prefiero aguantar hasta que me toque, si me toca”, asegura.

Dos posibles esperanzas: los tribunales o la frontera

Los agricultores no confían en que empresarios del campo vayan a presionar al gobierno por ellos: a diario ven que no les importan demasiado, aseguran. Pero para la experta Gelatt hay dos escenarios que podrían mejorar su situación. Por un lado, la probable judicialización de las redadas, que podría terminar dando la razón a los migrantes. Por otro, los límites de recursos de la administración federal. 

“Hay que estar atentos a qué pasa en la frontera, porque normalmente los números no se quedan tan bajos mucho tiempo. En la primera administración de Trump, cayeron el primer año y después empezaron a recuperarse. Si eso pasa, todos los recursos que se están dedicando a arrestar gente podrían tenerse que reenfocar en la frontera, y eso supondría un giro grande”, reflexiona.

Guadalupe, de su lado, solo tiene un deseo: “Que no nos maltraten. Que nos lleven, pero que no nos maltraten, porque estamos aquí ayudando a hacer crecer su país. No somos delincuentes”.