Mendoza, Argentina - “La historia es cíclica. Nuestro pueblo ya vivió esta situación cuando llegaron los colonizadores. Vienen de otros lugares y con otras intenciones vuelven a pretender la extracción de las riquezas que tiene nuestro territorio, así como antes es ahora”, relata a TRT Español Liliana Claudia Herrera, lideresa indígena y Omta (autoridad) de la comunidad Huarpe Guaytamari, ubicada en las afueras de la localidad de Uspallata al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, Argentina.  

A pocos kilómetros y a pesar de la oposición del pueblo Huarpe, de los vecinos de Uspallata y de decenas de miles de mendocinos, avanza el primer proyecto megaminero de cobre de Mendoza con una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Sus opositores critican la presencia de la empresa Solway, propietaria a través de su subsidiaria Zonda Metals del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino, y aseguran que la iniciativa representa una amenaza para la región. Señalan que cualquier contaminación —frecuente en la megaminería argentina, ya sea por los métodos utilizados o por el alto consumo de agua en un contexto de crisis hídrica— podría afectar este bien común vital durante generaciones.

Del río dependen tres de cada cuatro habitantes de Mendoza, lo que equivale a más de un millón de personas y más de 240.000 hectáreas de cultivos, entre ellos gran parte de los viñedos por los que esta región es conocida mundialmente. Para Herrera, el PSJ forma parte de un mismo proceso: un avance colonial, ilegal e ilegítimo sobre sus territorios, sus bienes comunes, su derecho propio y su forma de vida.

“Entendiendo que este proyecto sionista es un proyecto de muerte, así como viene sucediendo con el pueblo palestino, son las mismas estrategias de eliminar a los pueblos en beneficio de capitales que van y vienen por el mundo como quieren”, revela Herrera, quien con su comunidad se dedica principalmente al turismo con identidad, donde además de mostrar la belleza del paisaje enseñan sobre su cosmovisión y cultura. 

Mekorot y las provincias argentinas: contrataciones directas, cláusulas secretas y el agua como mercancía

Mendoza es una de las 12 provincias argentinas que firmaron contratos directos, sin licitación pública, con Mekorot, la empresa estatal israelí de agua señalada de controlar el suministro hídrico palestino mediante restricciones y altos precios, al punto de dejar a Gaza con un 97% del agua contaminada y cortes frecuentes. 

En territorio argentino, Mekorot estaría tomando “gradualmente control del sistema de suministro” del país, tras expandir su huella en 2022 y 2023, cuando firmó acuerdos de cooperación técnica con varias provincias, entre ellas Mendoza y San Juan. En 2024 se sumaron Jujuy, Chubut y Neuquén, mientras la empresa brinda asesoramiento y especialistas en sistemas de agua, y las provincias comparten datos sobre recursos hídricos y geológicos.

Al respecto, activistas de la campaña "Fuera Mekorot", vinculada al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), han revelado cláusulas controversiales en estos acuerdos: las provincias renuncian a resolver litigios en tribunales argentinos, debiendo optar por cortes británicas, y Mekorot retiene la propiedad intelectual de los estudios de acuerdo a la copia de los contratos a los que pudo acceder TRT Español. 

“Cuando ponemos estos contratos y la forma en que se han hecho en diálogo con la situación que se vive en Mendoza, queda claro que Mekorot tiene una acción que busca hacer más eficiente el uso del agua para la expansión del extractivismo. Viendo el agua como una mercancía con la cual se puede generar una intensificación de los proyectos mineros, petroleros y del agronegocio”, afirma el biólogo investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Guillermo Folgera.

De hecho, a comienzos de diciembre, Diego Berger, coordinador de Proyectos Internacionales de Mekorot, participó en el Congreso “Agua para el Futuro”, organizado por el Gobierno de Mendoza, donde destacó la necesidad de lo que llamó un cambio cultural respecto al uso del agua en Argentina. “Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la gente para que use menos agua, la respete y pague por ella”, declaró. También afirmó que “no está mal generar ingresos con el agua; por eso debe ser sustentable”, e indicó que, “en definitiva, van a tener que pagar”.

Folgera, también profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), describe cómo esta acción de Mekorot sucede en un contexto de avance de toda clase de proyectos extractivos a nivel nacional con alto grado de resistencia de comunidades indígenas, locales, científicas y ambientalistas. 

En esa línea, tras firmar dos acuerdos con Mekorot que incluyen cláusulas no publicadas, el Gobierno de Mendoza impulsó un nuevo Código de Agua que establece la posibilidad de uso para la minería, actividad que actualmente no cuenta con cupos de uso, y otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reasignar partidas hídricas entre sectores. Aún no ha sido aprobado por el poder legislativo local, debido a la resistencia masiva que hubo ante el primer intento de avanzar en ese sentido, aunque se da por descontado que así suceda.

Pero el descontento social de decenas de miles de mendocinos también se siente. Ellos afirman un mensaje bien contrario, al grito de “El agua no se toca” y “El agua vale más que el cobre” en las múltiples protestas casi diarias debido a la aprobación en el Congreso local de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la última restricción legal que tenía para comenzar operaciones.

Por su parte, una investigación del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia apunta a que la presencia actual de Mekorot en Argentina es "altamente beneficiosa para los sectores minero y agrícola, donde oligarcas argentinos de origen judío también desempeñan un papel significativo, promoviendo sus intereses a través de la embajada israelí en Buenos Aires y de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí".

El interés de Israel en el sector energético de Argentina

Ahora bien, no se puede perder de vista que las relaciones entre Buenos Aires y Tel Aviv se han profundizado desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en 2023, con un enfoque en impulsar la economía, mientras el país sudamericano ha apoyado a Israel en las Naciones Unidas y se ha posicionado en contra de la Corte Penal Internacional durante el genocidio contra el pueblo palestino. 

Así, Israel “valora altamente al actual liderazgo argentino y tiene la intención de fortalecer la cooperación bilateral con su socio latinoamericano”, indica un reporte del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Milei busca reformar las relaciones con Tel Aviv, basándolas en inversión y seguridad, y Buenos Aires está dispuesta a ofrecer a las empresas israelíes preferencias a cambio de inversión en la economía nacional. En noviembre, Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acompañado de una delegación empresarial centrada en acuerdos de energía, salud digital y ciberseguridad. El 9 de diciembre, el gobierno argentino celebró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, donde “la reactivación de este sector es fundamental para la generación de divisas, la creación de empleo de calidad y el impulso de la economía regional y nacional”.

En noviembre de 2024, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, declaró, durante una reunión con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo: “Hay interés de empresas israelíes de inversión en Argentina y en Mendoza para que sea un hub”. Además de señalar su interés en el cobre, Sela explicó que en Israel existe un método basado en tecnología de excavación que busca una minería sostenible. “El tema que interesa es cómo mejorar el agua después de la minería”, afirmó.

Solway, un holding minero con manchas de corrupción y contaminación

El proyecto minero de cobre San Jorge en Mendoza se inició a principios de siglo con capitales canadienses y fue adquirido en 2014 por el Grupo Solway, un holding minero de origen ruso que se relocalizó en Suiza tras la guerra con Ucrania en 2022. La resistencia social bloqueó cinco intentos de habilitarlo, convirtiéndolo en punta de lanza de la megaminería provincial. En 2019, decenas de miles protestaron en las calles, lo que obligó al gobierno provincial a dar marcha atrás.

Solway es propiedad del oligarca ruso-estonio Aleksandr Bronstein, quien comenzó a forjar su fortuna durante la disolución y venta de empresas públicas de la ex Unión Soviética. El sitio web Financescam, especializado en lucha contra el lavado de dinero, detección de fraudes y cumplimiento de sanciones internacionales, lo señala por “corrupción, explotación y decadencia moral”, advirtiendo que su historia ha pasado de la búsqueda de refugio a la explotación de recursos naturales.

En 2007, el Congreso Judío Mundial, conocido por su postura sionista, nombró a Bronstein vicepresidente, mientras que actualmente patrocina la fundación benéfica Keren Ha-Jesod, una institución vinculada con el gobierno israelí y presente en 45 países. Fue originalmente establecida por el Congreso Sionista Mundial para recaudar fondos para el movimiento sionista y cumplir la promesa de establecer un hogar nacional judío en Palestina. 

“Nacido de Mijaíl Bronstein, académico y veterano de la Segunda Guerra Mundial, en Leningrado, la familia huyó a Tallin, Estonia, en 1956, supuestamente para escapar del antisemitismo”, informa el sitio Financescam. “Esta narrativa, repetida una y otra vez, presenta una imagen compasiva de una familia judía en busca de refugio: un trasfondo conveniente para un hombre que más tarde sería acusado de explotar regiones vulnerables con fines lucrativos”, añade la publicación.

Actualmente, bajo la dirección de los hijos de Bronstein, Dan y Christian  —ambos ciudadanos alemanes—, el holding Solway y sus subsidiarias, con sedes en distintos paraísos fiscales, arrastran un extenso historial de controversias financieras y desastres ambientales. En Guatemala, la empresa ha enfrentado denuncias por contaminación a gran escala, sobornos, amenazas a ambientalistas, vínculos con un asesinato y persecución judicial a periodistas. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos directivos de Solway por corrupción. 

Con la llegada de Milei a la presidencia, la instalación de la megaminería en Mendoza y de la minera San Jorge se convirtió en una política de Estado explícita. En ese clima político, la Corte Suprema falló a principios de 2024 a favor del proyecto minero en un recurso de queja. La empresa buscaba autorización para usar ciertos químicos en el lavado de rocas que la ley provincial no prohibía de forma explícita. La corte aceptó su argumento, considerando que la legislación —que prohíbe el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y "químicos similares"— padecía de una "imprecisa redacción técnica" que no permitía incluir en esa restricción a los compuestos cuestionados.

Este fallo permitió al gobierno provincial acelerar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Justamente, la decisión que ha llevado a miles de mendocinos a las calles.

La punta de lanza de la megaminería y la resistencia social

“Entre el Código de Agua propuesto tras los contratos con Mekorot, que habilita el agua para la minería, y el fallo de la Corte Suprema para que puedan utilizar xantatos y otros químicos que son iguales o más peligrosos que el cianuro, vemos cómo le allanaron por completo los impedimentos legales que tenía San Jorge para operar. Para una actividad que con la normativa actual no es más que un saqueo”, dice Federico Soria, vecino de Uspallata y ambientalista. 

Soria es autor de un proyecto de ley para declarar el área donde pretende operar la mina una reserva natural, ya que la misma colinda con el Parque Nacional El Leoncito, en la vecina provincia de San Juan, parque donde Soria trabajó durante años. A comienzos de año, fue detenido junto a otro ambientalista de Uspallata, luego de que las autoridades solicitaron su captura internacional a Interpol.

 Tras la aprobación del proyecto en la Legislatura, el Gobierno de Mendoza detuvo a una veintena de ambientalistas y vecinos, a quienes fueron liberando luego, algunos a las pocas horas, otros pasando más de una semana presos. 

“Este es el tipo de licencia social que tienen. A base de persecución mediática con el aparato oficialista. Patotas sindicales que traen para golpearnos. Represión policial, probable espionaje a dirigentes sociales y ambientales y persecución judicial”, dice Soria, mientras observa a la distancia el campamento de la minera y las picadas sobre el cerro que planean aplanar para luego cavar un gigantesco pozo de 300 metros de profundidad en su primera instancia de explotación programada para 16 años. “Esto es solo la punta de lanza de muchos proyectos mineros más. No es especulación; lo dicen permanentemente el gobierno nacional y provincial”.

Este año, tras la promoción por parte de Milei de los llamados Acuerdos de Isaac —inspirados en los Acuerdos de Abraham de 2020, que establecieron relaciones entre varios países árabes e Israel—, la iniciativa busca fomentar la cooperación latinoamericana en múltiples áreas con ese país. “Estos acuerdos van a profundizar los vínculos entre Israel y América Latina”, manifestó recientemente el presidente argentino. 

Mientras tanto, desde la comunidad Huarpe Guaytamari, Liliana Claudia Herrera envía un mensaje frente a los intereses geopolíticos que, según advierte, impactan en su pueblo: “De acá somos. Acá estamos. Tenemos una historia ancestral y exigimos respeto para nuestras vidas y todas las formas de vida que habitan en nuestro territorio ancestral indígena”.