Buenos Aires, Argentina — Cada vez que comienza a llover, Nora Soto siente angustia: en minutos el agua inunda su barrio, un asentamiento humilde en los suburbios de Buenos Aires. “Nos pasamos toda la noche despiertos y levantamos las cosas para que no se mojen”, describe a TRT Español. Cuando pasa la tormenta afloran malos olores, enfermedades y animales muertos. 

Soto, de 63 años, ya ha sobrevivido a varias inundaciones en el barrio Río Luján, un asentamiento informal ubicado a la vera del río en Pilar, una localidad a 60 kilómetros de la capital argentina. “Cuando empieza a llover duermo con un ojo abierto y otro cerrado. Mi casa tiene altura, pero en una de las últimas tormentas el agua llegó hasta arriba”, relata.

Dos días después de la última tormenta aún quedaban viviendas y calles anegadas, basura flotando, barro y mal olor, según pudo registrar TRT Español durante un recorrido por ese barrio.

El caso de Soto refleja una realidad extendida en Argentina, donde la pobreza alcanza al 31,6% de la población, según datos oficiales del primer semestre de 2025.En este país, cuatro de cada 10 villas miseria enfrentan al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales a cielo abierto, agua contaminada o zonas con riesgo de inundación permanente, de acuerdo con un informe elaborado en 2024 por la ONG Techo y la agrupación Jóvenes por el Clima. El reporte registró las condiciones de vida casi 6.000 asentamientos informales del país donde se estima que residen cinco millones de personas.

“La lluvia en sí misma no constituye un factor que genere un escenario de riesgo. Sin embargo, la falta de medidas de prevención y de infraestructura, sí lo hace”, señala el estudio. “Las consecuencias abarcan desde daños materiales hasta pérdida de vidas”, indica.

El avance del cambio climático, con lluvias más intensas y olas de calor más frecuentes, amplifica el problema y afecta con más fuerza a los barrios humildes.

Problemática ambiental de cara a la COP 30

La situación de barrios como Río Luján no es la única. La COP30, que se celebra desde este lunes en Belém, Brasil, busca abordar cómo las comunidades más vulnerables del Sur Global sufren de manera desproporcionada los impactos del cambio climático. 

En esa línea, especialistas y organizaciones argentinas han exigido el desarrollo de políticas inclusivas y de lo que consideran un financiamiento justo. 

Mientras que en Argentina casi la mitad de los asentamientos informales enfrenta riesgos de inundación y basurales, la ONU estima que en América Latina más de 100 millones de personas viven en zonas de riesgo climático extremo, un problema que la COP30 buscará visibilizar y financiar. 

Hace dos años, en la COP28, se acordó la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños. Ahora se busca asegurar el funcionamiento de esas partidas, destinadas a asistir a países vulnerables para enfrentar los estragos que produce el cambio climático. 

En la previa de la COP30, un grupo de 35 ministros de Finanzas presentó sugerencias para incrementar el financiamiento climático a 1,3 billones de dólares al año. “Cada año de retraso en la acción climática aumenta tanto la inversión necesaria como los riesgos a los que se enfrenta”, dijeron los ministros en un comunicado.

Argentina recibió múltiples críticas por su política ambiental, luego de que en 2024 se retirara de la COP29 en Azerbaiyán, lo que despertó cuestionamientos por la falta de liderazgo climático e incertidumbre respecto de las negociaciones en marcha. 

En ese escenario, seis provincias argentinas firmaron un compromiso para representar al país en la COP30, con el objetivo de avanzar en la acción climática a nivel subnacional.

Basurales, inundaciones y contaminación

En casi la mitad de los asentamientos el principal riesgo es la inundación (47%). Otros tienen microbasurales (33,6%), grandes basurales (14,1%) o exposición a cursos de agua (26,7%) o cuerpos de agua contaminados (2,6%).

Aunque los problemas están presentes en todo el país, se acrecientan en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayoría de los asentamientos.

Juan Maquieyra, director ejecutivo de la ONG Techo, asegura a TRT Español que “la situación es crítica”, con riesgo de inundaciones y exposición a microbasurales a metros de viviendas. “Una tormenta puede convertirse en una emergencia que pone en riesgo vidas. La desigualdad social se transforma en desigualdad climática”, afirma.

Además, lamenta que las familias de los barrios más vulnerables sean las más afectadas por los riesgos climáticos. “Lo vemos todos los veranos con olas de calor y cada vez que llueve fuerte: Argentina está entre los países más golpeados por inundaciones, eso se siente en zonas donde ya de por sí se vive con carencias”.

Recientemente, otro informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la organización social La Poderosa analizó nueve barrios informales de Argentina e indicó que “los problemas ambientales ocupan un lugar central en la vida cotidiana”. 

Casi la mitad de los vecinos consultados respondió que su vivienda está próxima a una fuente contaminante como ríos, arroyos, basurales, agua estancada, desagües y desechos de actividades industriales. La calidad del espacio público, la escasez de arbolado y la cercanía de fuentes de contaminación afectan “notablemente” a quienes habitan esos barrios. 

“Se hace difícil tener una vida digna”

Calles destruidas, microbasurales, infecciones, enfermedades respiratorias e insectos forman parte del paisaje cotidiano de Lara Cabrera. La mujer, de 32 años, dice que en el barrio Vicente López, en Pilar, donde reside con sus cinco hijos, “no se vive, se sobrevive”.

Cuenta que su barrio no sufrió inundaciones, pero sí conviven con la exposición permanente a microbasurales. “Los chicos tienen infecciones, hay mal olor, moscas muy grandes y ratas”, describe. 

Cuando abre la canilla, el agua sale de color marrón por la cantidad de sarro que se acumula en las napas. 

“Hay que hervirla para cocinar”, aclara. Y lamenta: “Se hace difícil tener una vida digna”.

Soto comparte el malestar. “Cerca de mi casa el río está contaminado, el agua sale sucia y no se puede tomar, debemos comprar agua embotellada”, dice. 

La mujer quiere comprar un “kit de inundación”, con un bote, linternas y un equipo para tener energía eléctrica en caso de apagones. “Acá el agua sube muy rápido, es muy angustiante. Y si mis nietos están cerca la angustia es mayor”. 

Un problema estructural

“Estos problemas existen hace muchas décadas”, explica a TRT Español Carla Fainstein, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Urbanos e investigadora del Conicet. “En términos naturales y climáticos, las inundaciones son muy graves en Buenos Aires”, agrega.

En un escenario de cambio climático, la falta de planificación urbana agrava la problemática.

La mayoría de los asentamientos informales se ubican en “terrenos no apetecibles para el mercado”, describe. “Son vulnerables en términos ambientales: se inundan, están cerca de cursos de agua o próximos a fuentes de contaminación como industrias, rellenos sanitarios o expuestos a agrotóxicos”, señala. 

En sus trabajos de campo, la investigadora recoge demandas de vecinos por el acceso a la vivienda, mejoras en infraestructura, acceso al agua y conexión a la red eléctrica, precaria en la mayoría de los asentamientos. “Muchos barrios tampoco tienen sistemas de recolección de residuos, lo que deriva en microbasurales, se contamina el agua y afecta los suelos”, explica.

Urbanizar para reducir la desigualdad

Según Maquieyra, se requiere un plan serio de urbanización con financiamiento sostenido, o de lo contrario “los barrios populares quedarán a la deriva”. “Está en juego si seguiremos relegando a millones de argentinos o si garantizamos un piso de dignidad”, plantea. 

Fainstein agrega que la planificación urbana “debe incorporar sí o sí la dimensión ambiental”. “Es imprescindible la política pública con regulación del suelo y medidas que faciliten el acceso a la vivienda para que las familias no deban ir a vivir a un asentamiento”, remarca.

Pero las obras de urbanización de asentamientos vulnerables fueron suspendidas. 

En 2024, el presidente Javier Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana creado en 2019 como parte de una ley aprobada en 2018 por el Congreso argentino y disuelta por decreto en mayo pasado, alegando falta de recursos y “demoras” y “falencias” en las obras.

Entonces, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una demanda en la Justicia para frenar esa decisión, y un tribunal ordenó garantizar el desarrollo de las tareas en los asentamientos.

“La eliminación del fondo dejó miles de obras en riesgo. Hoy la justicia frenó esa medida, pero el futuro sigue siendo incierto”, afirmó Maquieyra.

“Quiero un barrio donde se viva como debe ser, con calles, luces y escuelas”, anhela Soto. 

Cabrera sueña que la realidad cambie más pronto que tarde. “Quiero un barrio integrado a la sociedad, con servicios y viviendas dignas, tenemos el derecho nosotros y nuestros hijos”, afirma. Y remata: “No queremos ser los marginados”.