En un episodio denunciado como “ilegal”, de “trato inhumano” y sin pruebas, cinco palestinos fueron deportados al intentar ingresar a Argentina. La familia había llegado a Buenos Aires por motivos turísticos y de negocios, y contaba con toda la documentación requerida, según la denuncia judicial presentada por su abogado. Sin embargo, fue retenida durante más de 25 horas en el aeropuerto, y luego expulsada del país sin explicaciones claras, de acuerdo al documento legal.
La familia, de origen palestino cristiano y residente en Belén, Cisjordania ocupada, se dedica al turismo. “El propósito de nuestro viaje a Argentina era reunirnos con socios profesionales y ampliar la cooperación con agencias de turismo religioso”, explica la denuncia penal presentada por el abogado Uriel Biondi, difundida por el diario argentino Página/12 y confirmada por la agencia de noticias EFE.
La pareja y sus tres hijos adultos llegaron la noche del 16 de junio al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Habían tramitado sus visas en la embajada argentina en Tel Aviv y contaban con carta de invitación de un empresario argentino del sector turístico, seguros médicos, reservas de hotel y pasajes de regreso. Aun así, la Dirección Nacional de Migraciones les negó el ingreso.
Al llegar al país, les confiscaron los pasaportes y los mantuvieron incomunicados durante más de un día, indica la denuncia. “Nos negaron necesidades humanas básicas: dormir, alimentarnos, comunicarnos y contar con asistencia legal”.
“Fuimos llevados a una zona restringida para ser interrogados. Cumplimos en todo momento y entregamos toda la documentación solicitada. Luego nos dieron un documento íntegramente en español. Pedimos traducción, pero nos dijeron que solo era un formulario para llevarnos a un lugar más cómodo. Nos aseguraron que no tenía relación con una negativa de ingreso, por eso lo firmamos”, relata la denuncia.
Según su abogado, ese documento implicaba que admitían haber ingresado como "falsos turistas", lo que permitió su expulsión del país. “Migraciones les hizo firmar sin brindar información adecuada”, denunció Biondi.
“Vivimos un infierno y no sé por qué ocurrió. Todo fue ilegal”, relató Sandy Bassam Hanna Abu Farha, una de las hijas, al diario Página/12. Ante la consulta de ese medio, el Gobierno argentino admitió el rechazo de ingreso y alegó la existencia de una “alerta internacional” sobre uno de los miembros de la familia. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el origen de esa alerta, tampoco el organismo que la habría emitido ni su contenido.
El abogado presentó una denuncia el 17 de junio ante el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, cerca del aeropuerto. Según consta en el documento, esa alerta respondía a un caso de identidad equivocada. “Se confunde al ciudadano Bassam Hanna Issa Abouferha con otra persona, situación que fue aclarada”, indica. A pesar de ello, la deportación se ejecutó sin posibilidad de apelación ni revisión judicial previa, lo que, según organizaciones de derechos humanos, constituye una violación grave a las garantías constitucionales.
El recurso fue presentado el 17 de junio, pero la resolución judicial llegó cuando la familia ya había sido deportada, vía Estambul, hacia Cisjordania ocupada. Solo al llegar a Türkiye pudieron recuperar sus pasaportes.
Endurecimiento migratorio
Este episodio ocurrió en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, y también en medio de su alineamiento internacional con Israel. El gobierno restringió las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a derechos para personas extranjeras, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
En mayo, el gobierno oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones. Al anunciarlo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, alegó: “Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”.
El decreto establece que se puede rechazar el ingreso al país “a cualquiera que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra” en las normativas de la ley, o “sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio”.
Según un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino, este decreto otorga facultades ampliadas a la Dirección Nacional de Migraciones para realizar controles en espacios públicos y privados, solicitar documentación, hacer inspecciones, secuestrar temporalmente papeles y contar con apoyo de fuerzas de seguridad.
“Esto permite una forma de vigilancia más intensa y extendida, y genera un entorno de hostigamiento”, advirtió el CELS.
“Este caso sienta un precedente muy grave”, advirtió el abogado de la familia palestina. “El sistema migratorio está pensado para proteger, no para castigar sin juicio previo”.
