Las comunidades indígenas en Brasil siguen enfrentando condiciones desafiantes que ponen en riesgo su vida y su situación se deterioró en 2023 respecto al año anterior, luego de que aumentaran los asesinatos, los suicidios y la mortalidad infantil, según un informe publicado este lunes.
Al menos 208 indígenas fueron asesinados en el país el año pasado, un 15,5% más que en 2022, cuando se registraron 180 asesinatos, según datos del informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas, que todos los años realiza el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), vinculado a la Iglesia católica.
Esas muertes, la mayoría con armas de fuego, ocurrieron a menudo después de amenazas e intimidación, dice indicó el reporte, que describe las circunstancias de los homicidios de líderes indígenas y atribuye los hechos a algunos a grupos vinculados al agronegocio.
El informe lamenta el lento avance en la demarcación de tierras indígenas, "estancada" durante el gobierno "abiertamente antiindígena" del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). También pide más fiscalización sobre las acciones de invasión de territorios habitados por indígenas al actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple sus primeros seis meses en el poder.
La llegada de Lula "generó la expectativa de que las demarcaciones territoriales (...) se retomaran como una política central", por lo que los indígenas esperan una mayor acción.
En cuanto a los suicidios, se registraron 180, contra 115 en 2022, lo que equivale a un aumento del 56%.
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Además, la falta de atención médica resultó en la muerte de 111 indígenas, más del doble del año previo, cuando se registraron 40.
En 2023, murieron 1.040 niños indígenas menores de 4 años de gripe, neumonía, diarrea o infecciones intestinales y desnutrición, sobre todo en los estados de Roraima y Amazonas (norte), fronterizos con Venezuela. La cifra estuvo 24,5% por encima del año anterior, cuando murieron 835.
"Las imágenes de niños famélicos recorrieron el mundo a principios de año y, lamentablemente, se repitieron las mismas escenas en diciembre, cuando se anunciaron los datos de muertes dentro de la tierra indígena yanomami, una tragedia humana que revela el fracaso de las operaciones en ese territorio", señala en la introducción Lucia Helena Rangel, coordinadora de la investigación.
En enero pasado, las autoridades declararon una crisis humanitaria en ese territorio, y emprendieron la expulsión de miles de "garimpeiros", mineros ilegales que destruyen los medios de subsistencia indígena al contaminar los ríos con mercurio.
El Gobierno ha dicho que la operación sigue en desarrollo.
El informe sostiene también que la falta de saneamiento y agua potable se vieron "agravadas por la crisis climática, que causó inundaciones en diversos lugares del país y sequía severa en la región amazónica, profundizando la vulnerabilidad de diversas comunidades".
