En un marco de extrema tensión en Bolivia, el Gobierno de Luis Arce afronta la multitudinaria marcha del expresidente Evo Morales que, junto a 10.000 seguidores, emprendió hace seis días un camino de casi 200 kilómetros hasta La Paz, a donde llegará este lunes.
La denominada “Marcha para salvar Bolivia” comenzó el pasado martes y recorrió 190 km hasta la ciudad capital. Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, asegura que realiza esta caminata para protestar contra la crisis económica, que se manifiesta en la falta de dólares y combustibles.
En contraposición, Arce –quien antes de gobernar fue ministro de Economía durante las presidencias de Morales–, afirma que la caminata busca exigir a los poderes Judicial y Electoral que acepten la candidatura de Morales, su exaliado, para las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Esto a pesar de que el Tribunal Constitucional emitió un fallo que lo inhabilita para postularse nuevamente.
En el marco de la marcha, los seguidores de ambos líderes se han enfrentado dos veces. El primer choque ocurrió el miércoles en la localidad de Vila Vila, apenas un día después de que comenzara la caminata. La segunda se desató el domingo en la zona de Ventilla, y terminó con al menos ocho heridos.
Ahora, ante la inminente llegada de los seguidores de Morales a La Paz, agentes policiales cercaron los accesos a la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto llevó a que el exmandatario señalara que el Gobierno de Arce pretende frenar su caminata por la fuerza.
"Si hay algún herido o muerto es responsabilidad del Gobierno", aseveró el exmandatario. Incluso dijo que su vida corría peligro, según le advirtieron, y que policías y militares cercanos le "hicieron llegar chalecos antibalas".
Por su parte, Arce sostuvo: "Una guerra civil, como dice uno de tus operadores (políticos), es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia (...) No lo permitiremos". Añadió que “apuesta por la paz”.
En medio de las tensiones, la Defensoría del Pueblo de ese país intenta gestionar un diálogo entre ambos líderes. Arce aceptó conversar “sin condicionamiento en instalaciones de la Defensoría”, mientras que Morales, que había realizado un llamado al diálogo previamente, pidió que se lleve a cabo en el lugar donde está la caminata.
Tensiones dentro del partido gobernante
La marcha de Morales ha intensificado la rivalidad entre ambos líderes por el control del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MÁS), de cara a las elecciones presidenciales del 2025, y está caldeando aún más el clima político y social del país.
Morales acusa a Arce de bloquear su candidatura presidencial y asegura que busca ser el único candidato por el partido de gobierno. Arce todavía no confirmó que se postulará, aunque ya manifestó su intención de lanzarse, y se da por hecho que lo hará.
El Gobierno, por su parte, sostiene que Morales está inhabilitado, ya que la Constitución prevé la reelección inmediata o consecutiva solamente una vez. El Tribunal Constitucional emitió hace casi un año un fallo que respalda la postura del Gobierno actual y lo inhabilita para volver a postularse.
Pero el alejamiento entre ambos comenzó hace varios años.
Antes de que Arce asumiera el liderazgo del MAS y la presidencia, Bolivia vivió un período de profunda incertidumbre. En 2019, Morales, al frente del Ejecutivo, aseguró que había ganado su cuarta reelección en las urnas. Sin embargo, la oposición denunció fraude y, tras una serie de protestas, el entonces presidente renunció.
Luego, la senadora opositora Jeanine Áñez, de centroderecha, asumió como presidenta interina hasta que se convocó a elecciones. A fines de 2020, el MAS regresó al poder, esta vez con Arce al frente, por un periodo de cinco años.
En junio de este año aumentó la tensión dentro del partido después de que soldados armados se concentraron en La Paz, en lo que Arce calificó como un intento de golpe de Estado.
Morales, que primero celebró el fracaso del alzamiento militar, afirmó luego que Arce llevó a cabo un “autogolpe”. La maniobra militar profundizó aún más la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce.
Analistas consultados por la agencia de noticias AP sostienen que la tensión entre ambos líderes ha sumido al partido gobernante en una situación muy compleja y pone en riesgo la hegemonía de ese partido que lleva gobernando 18 años.
La clave: el control del sistema judicial
Ahora bien, parte de la clave de este enfrentamiento está en el sistema judicial.
Tras una reforma constitucional durante el segundo mandato de Morales, en 2009, se estableció que el Poder Judicial se conformaría a partir del voto popular, con candidatos definidos por listas creadas por el Congreso. En la primera elección de este tipo, en 2011, el MAS, con dos tercios de los escaños en ambas cámaras, incluyó candidatos afines al Gobierno.
En 2016, Morales perdió un referendo para buscar la reelección, pero apeló al Poder Judicial, argumentando que se vulneraba su derecho a la participación política. Finalmente, los jueces fallaron a su favor, permitiéndole postularse de nuevo.
En diciembre de este año, se celebrarán nuevas elecciones judiciales para elegir a nueve magistrados del Tribunal Constitucional, nueve del Tribunal Supremo de Justicia, cinco del Tribunal Agroambiental y tres consejeros del Consejo de la Magistratura, de entre 139 candidatos preseleccionados por el Congreso.
Morales está desafiando a Arce, confiando en obtener el respaldo popular en las próximas elecciones. Si la mayoría de los jueces apoya a Morales, podría impulsar un cambio constitucional y volver a postularse a la presidencia.
