Ayman Ghrayeb salió de su casa la mañana del 17 de noviembre después de decirle a su familia que estaría fuera solo unas horas. Se dirigía a Al-Fasayil, en el Valle del Jordán, en la Cisjordania ocupada, una zona que había visitado muchas veces para apoyar a familias que sufren la violencia ilegal de colonos israelíes.
Esa misma noche, desapareció. Su teléfono estaba apagado, no se sabía dónde estaba. Para su familia, comenzaron los días más largos y aterradores de sus vidas.
El activista y padre de cuatro hijos, de 42 años, llevaba mucho tiempo documentando las dificultades que enfrentan las comunidades palestinas ante los ataques cada vez más reiterados de los colonos.
“Esos primeros días sin saber dónde estaba o en qué condición se encontraba fueron algunos de los momentos más difíciles que hemos vivido”, cuenta su hermano Belal en diálogo con TRT World.
Más tarde se supo que Ayman había sido detenido por fuerzas israelíes y retenido en secreto en la base militar de Samra, que, sin embargo, no cuenta con instalaciones legales de detención. Fue mantenido al aire libre, esposado, expuesto al frío, privado de alimento y golpeado con tanta brutalidad que necesitó ser hospitalizado dos veces.
Las autoridades israelíes luego convirtieron arbitrariamente la detención de Ayman –cuyo activismo siempre fue pacífico y no registró ningún episodio de violencia– en seis meses de arresto administrativo, es decir, un encarcelamiento sin cargos, sin juicio y basado en pruebas no especificadas.
“Israel extiende rutinariamente la detención de los palestinos durante 144 horas (seis días) antes de emitir una orden de detención administrativa”, explica Belal.
Esta medida es, al parecer, una táctica administrativa diseñada para dar al Shabak —nombre hebreo del servicio de inteligencia Shin Bet— el tiempo necesario para preparar un “expediente secreto” que se utiliza para justificar la detención administrativa y evitar tener que presentar pruebas reales ante un tribunal.
Durante ese periodo, el aparato de vigilancia israelí también se prepara para una audiencia a puerta cerrada en un tribunal militar, donde el juez revisa materiales secretos que no se muestran ni al detenido ni a su abogado.
“Ahora nuestro mayor temor es que Ayman sea retenido durante un largo período bajo detención administrativa, sin ningún proceso legal y a pesar de la ausencia de cargos”, añade Belal.
Según la Orden Militar 1651 de Israel, vigente en la Cisjordania ocupada, las autoridades sionistas han modificado las normas de modo que, en algunos casos, un detenido puede ser retenido hasta 144 horas –unos seis días– antes de que se emita formalmente una decisión sobre su detención administrativa. Esta extensión reemplazó un periodo anterior más corto —de unas 72 horas— para dar a las autoridades más tiempo para preparar los “expedientes secretos” que a menudo se utilizan para justificar el arresto.
En la práctica, este período de 144 horas se convierte en una especie de “ventana de detención de facto”, durante la cual los detenidos pueden ser retenidos sin cargos y, a menudo, sin acceso a una representación legal adecuada ni a pruebas públicas.
Silenciar a un comunicador
El arresto de Ayman ocurre en medio del desplazamiento de más de 100 comunidades palestinas en los últimos dos años, muchas de ellas en el Valle del Jordán, justamente donde él se dirigía.
Numerosos activistas no violentos como él son hostigados regularmente por el Shabak, el servicio de inteligencia de la ocupación israelí, y varios han sido puestos bajo detención administrativa.
Más recientemente, otro destacado activista, Rabia Abu Naim, del pueblo de Al-Mughayyer y coordinador de la campaña de cosecha de olivos Zaytoun de este año, fue detenido durante una redada nocturna en su casa y puesto bajo seis meses de detención administrativa. Su detención contradijo incluso la admisión del fiscal militar israelí de que no había participado en ninguna actividad armada.
Entre otros, Belal también ha sido objeto de varios arrestos arbitrarios a lo largo de los años, ninguno de los cuales terminó en cargos formales.
En el caso de la detención de Ayman, todo apunta a que existió una planificación, indica su familia. Antes de que los soldados lo trasladaran a la base militar, dos agentes del Shin Bet llamaron directamente le dijeron que estaban “hartos” de su activismo y que “esta vez sería enviado a prisión”, cuenta Belal, según le relataron amigos que estuvieron presentes en ese momento.
“Durante dos días, no supimos nada”, recuerda. “No sabíamos si estaba herido, con vida o siquiera si seguía en el Valle del Jordán”.
El 19 de noviembre, el grupo de asistencia legal HaMoked informó a la familia que Ayman se encontraba en la base de Samra. Y detenido bajo condiciones brutales.
Cuando finalmente pudieron hablar con él seis días después, Ayman relató que lo habían dejado al aire libre, esposado y sin comida. Lo habían golpeado repetidamente, incluyendo un golpe violento por parte de un soldado en las costillas mientras estaba esposado. Tuvo que ser trasladado al hospital en dos ocasiones en apenas unos días.
Seis días después de su arresto inicial, Ghrayeb fue interrogado por primera vez bajo sospechas no específicas de supuesto “incitamiento”.
Según su abogada, Riham Nasra, el interrogatorio pareció ser una mera formalidad. Incluso antes de que comenzara, ya le habían informado que Ayman sería sometido a detención administrativa, basada en “pruebas secretas y sospechas no reveladas”.
“Optar por la detención administrativa en lugar de presentar cargos es un claro indicador de que su detención tiene motivaciones políticas, especialmente porque su trabajo consiste enteramente en documentación pública y transparente y en la defensa de los derechos humanos en las redes sociales”, añade Belal.
Una herramienta de control político
El Valle del Jordán se ha convertido en una de las regiones donde las agresiones para desarraigar a las comunidades palestinas se han vuelto cada vez más violentas. Los ataques, las confiscaciones de tierras, el robo de ganado y la destrucción de viviendas y fuentes de agua en esta zona de Cisjordania ocupada se han intensificado drásticamente a lo largo del genocidio israelí en Gaza.
“Para muchas familias, la presencia de Ayman les hacía sentir que eran vistos. Los colonos sabían que, cuando él estaba allí con su cámara, alguien estaba observando los crímenes que cometían”, dice Belal.
Los amigos y familiares de Ayman temían este desenlace desde hacía años. Durante años, fue varias veces retenido en puestos de control, amenazado durante sus visitas al campo e interrogado repetidamente sobre los videos que compartía.
“Con los años, nos dijo muchas veces que su labor de filmación y su presencia en el Valle del Jordán lo convertían en un blanco constante”, afirma su hermano. “Él sabía que querían detenerlo. Pero también sentía la responsabilidad de seguir documentando lo que estas comunidades estaban viviendo”, añade.
Su ausencia ha dejado a esas comunidades más expuestas. Los colonos extremistas comprendieron de inmediato el impacto de su detención. Tras conocerse la noticia, cuentas en redes sociales vinculadas al grupo violento “Hilltop Youth” celebraron la medida, calificando la detención administrativa como una “solución temporal”.
Un usuario pidió abiertamente su ejecución, escribiendo que “una sola bala que cuesta menos de dos shékels”, sugiriendo que eso resolvería la cuestión. Otro exigió que fuera expulsado a Gaza y añadió que, con el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, al mando, “ya no tenemos de qué preocuparnos”.
El impacto en su familia ha sido devastador. Su hija menor, Rina, había celebrado su primer cumpleaños apenas dos semanas antes de que Ayman fuera detenido. “Nuestra madre vive con miedo constante, y sus hijos, especialmente Rina, no pueden entender por qué su padre desapareció de repente”, dice Belal.
Su mayor preocupación es la naturaleza indefinida de la detención administrativa. La orden inicial dura seis meses, pero puede renovarse indefinidamente. Es posible que Ayman no vea a un juez en mucho tiempo. No se le mostrarán las pruebas en su contra y su liberación es completamente impredecible.
Para la población del Valle del Jordán, la ausencia de Ayman ha empeorado aún más la situación. Y para él, un castigo por haber documentado una realidad que muchos intentan silenciar.
“Simplemente queremos que sea tratado con humanidad y que se le otorguen sus derechos legales básicos. Y queremos que el mundo sepa por qué está siendo castigado: porque mostró la verdad”. “Creemos firmemente que la atención internacional es esencial para proteger a Ayman y a otros activistas”, concluye Belal. “Esa atención puede ser lo único que los mantenga con vida”.
