El Tribunal de Gaza emitió el domingo en Estambul sus conclusiones finales y su “juicio moral”, declarando que Israel está perpetrando un genocidio contra los palestinos en Gaza y exhortando a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para detenerlo.
El anuncio marcó el cierre de cuatro días de audiencias públicas en las que juristas, expertos y testigos internacionales presentaron pruebas y testimonios sobre lo que describieron como crímenes sistemáticos. La declaración fue leída por Christine Chinkin, quien presidió el Jurado de Conciencia.
“El jurado, guiado por la conciencia e informado por el derecho internacional, no habla con la autoridad de los Estados, pero cuando la ley es silenciada por el poder, la conciencia debe convertirse en el tribunal final”, señalaron los miembros, subrayando que el Tribunal “es una respuesta de la sociedad civil ante la continua falta de rendición de cuentas por el genocidio cometido por Israel en Gaza”.
“Creemos que el genocidio debe ser nombrado y documentado, y que la impunidad alimenta la violencia en todo el mundo”, añadieron.
El tribunal afirmó que su trabajo constituye “un archivo valioso” que ofrece pruebas del genocidio contra el pueblo palestino, y expresó su solidaridad con marchas, huelgas y manifestaciones que protestan contra los crímenes y la inacción de los Estados.
También indicó que su fallo contrarresta la narrativa de seguridad difundida por Israel y sus aliados, al rechazar la descripción del sufrimiento palestino como una mera crisis humanitaria.
El jurado explicó que sus conclusiones se basan en el derecho internacional, los tratados de derechos humanos, el Estatuto de Roma y “la creencia inquebrantable de que toda vida humana tiene el mismo valor”.
El comunicado está sustentado en principios de justicia natural y reafirma la Declaración de Sarajevo, adoptada en mayo de 2025.

Los crímenes
El jurado condenó lo que calificó como “un genocidio en curso” y un patrón coherente y sistemático de violencia exterminadora, que incluye la destrucción intencionada de viviendas e infraestructuras —electricidad, agua y saneamiento—, provocando pérdida cultural, desintegración comunitaria y devastación agrícola y ambiental.
Afirmó que “el uso del hambre como arma, la negación de atención médica y el desplazamiento forzado no son daños colaterales, sino instrumentos de castigo colectivo y de genocidio”, que no tienen ningún tipo de justificación.
Además del genocidio, el Tribunal acusó a Israel de múltiples crímenes, entre ellos: hambruna deliberada mediante la negación de alimentos, agua y destrucción del sistema alimentario; domicidio, entendido como la destrucción de hogares, memorias y continuidad cultural, y ecocidio, es decir, daños ambientales catastróficos que impiden la supervivencia tras los bombardeos. También destacó destrucción intencionada del sistema sanitario y ataques contra su personal, descritos como “sistemáticos durante décadas”, y el reprocidio, definido como el ataque contra la salud reproductiva palestina para impedir futuros nacimientos.
Remarcó la existencia del escolasticidio, descrito como el “genocidio del conocimiento” mediante el asesinato, desplazamiento o silenciamiento de estudiantes y docentes, y los ataques a periodistas, considerados intentos de eliminar la documentación del genocidio. Denunció sobre la tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y violencia de género en distintos contextos, y el politicidio, es decir, el asesinato, secuestro o persecución de líderes políticos y culturales, activistas y representantes comunitarios.
Complicidad
El informe responsabilizó a los gobiernos occidentales —especialmente a Estados Unidos— de ser cómplices, e incluso partícipes, al brindar cobertura diplomática, armas, inteligencia y entrenamiento militar, incumpliendo su obligación legal de prevenir el genocidio y proteger el derecho de los palestinos a la autodeterminación.
“El silencio y la inacción frente al genocidio son otra forma de complicidad”, afirmó.
El tribunal añadió que los medios de comunicación, universidades, bancos, empresas tecnológicas y cadenas globales de suministro sostienen la ofensiva israelí, conformando “la economía política del genocidio”, descrita como “la forma más alta del hiperimperialismo del siglo XXI”.
También denunció el fracaso de la gobernanza mundial, señalando que la ONU, paralizada por vetos y selectividad política, ha renunciado a su responsabilidad fundacional de “salvar a las generaciones futuras del azote de la ofensiva”. No obstante, el jurado reconoció la labor de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la relatora Francesca Albanese y la Comisión de Investigación.
Causas y demandas
La iniciativa vinculó los hechos actuales con más de un siglo de colonialismo de asentamiento y apartheid, sustentado en la ideología supremacista del sionismo y respaldado por una estructura neocolonial liderada por Estados Unidos y sus aliados.
Señaló que el genocidio es altamente visible y tecnológicamente sofisticado, dirigido contra una población cautiva en un territorio bloqueado, e ignorando las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, cuyos funcionarios incluso han sido sancionados por Washington.
El tribunal recomendó que rindan cuentas los culpables, exigiendo responsabilidad política, militar, económica e ideológica para todos los perpetradores y cómplices. También instó a suspender a Israel de las organizaciones internacionales, especialmente de la ONU, y a activar el mecanismo “Uniting for Peace” para establecer una fuerza de protección en los territorios palestinos.
Asimismo, reafirmó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y llamó a la resistencia y al fin de los desplazamientos forzados, junto con la creación de un movimiento global coordinado para desmantelar las estructuras del sionismo.
Un año de trabajo
Las sesiones públicas celebradas en la Universidad de Estambul entre jueves y domingo marcaron la culminación de un año de trabajo de juristas, académicos y representantes de la sociedad civil internacional.
El jueves, las deliberaciones retomaron conclusiones previas de audiencias en Sarajevo y otros foros globales, estructuradas en tres áreas: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Orden Mundial, e Historia, Ética y Filosofía.
El viernes se escucharon testimonios y presentaciones sobre hambruna, ecocidio, domicidio y ataques contra civiles e infraestructuras públicas, incluyendo los sistemas de salud y educación.
Las sesiones del sábado se centraron en la complicidad internacional, la resistencia y la solidaridad global, y el domingo culminaron con una mesa redonda que evaluó los resultados del proceso.
Presidido por Richard Falk, exrelator especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, el Tribunal de Gaza busca crear un registro popular y ético de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, con la esperanza de que sirva como herramienta de justicia y memoria colectiva.













