Simpatizantes violentos del grupo terrorista YPG/PKK protagonizaron disturbios en importantes ciudades europeas la semana pasada, subrayando cómo la amenaza de esta organización ilegal va mucho más allá de sus últimos focos de influencia en Siria.
Desde Berlín y Dortmund hasta Bruselas, París, Zúrich y Ginebra, la policía debió tomar medidas severa para frenar la ola de violencia vinculada a simpatizantes de YPG/PKK, organización designada como terrorista por Türkiye, la Unión Europea y Estados Unidos.
Estos hechos en toda Europa coincidieron con la violencia desatada por terroristas del YPG en el norte de Siria, donde atacaron a civiles y a fuerzas gubernamentales en una violación flagrante a un alto el fuego.
En las ciudades europeas, el impacto no residió únicamente en los actos violentos como tal, sino también en su irrupción repentina en la vida cotidiana.
Entre quienes fueron atacados por simpatizantes y partidarios terroristas están empresarios sirios y ciudadanos de la diáspora turca. Varias personas resultaron heridas durante la violencia en las calles, mientras los simpatizantes del YPG/PKK bloqueaban el transporte, dañaban propiedades y atacaban tanto a policías como a civiles.
Lo que se está desarrollando, sostienen los analistas, no es únicamente un quiebre puntual del orden público, sino la culminación de años de vacilación política, ambigüedad legal y tolerancia mal dirigida.
El problema de tolerancia de Europa
Si la violencia en sí resultó alarmante, lo que más preocupa a los analistas es el entorno que permitió que se desarrollara.
En el centro de ese entorno se encuentra la tolerancia de larga data que Europa ha tenido hacia los símbolos del PKK en espacios públicos, señala Zafer Mese, analista de políticas del centro de estudios SETA, quien está radicado en Berlín.
“Esto no se trata de expresión política”, explica Mese a TRT World. “Estamos hablando de la exhibición pública de símbolos pertenecientes a una organización que la Unión Europea y muchos Estados miembros designan oficialmente como organización terrorista”, destaca.
“En los mismos países, los símbolos de otras organizaciones terroristas están sujetos a tolerancia cero", afirma. "Cuando los símbolos del PKK se tratan como un ‘área gris’, se socava la coherencia del Estado de derecho”.

Por su parte, las autoridades europeas han defendido con frecuencia su enfoque como uno de moderación, interviniendo solo una vez que estalla la violencia. Sin embargo, este planteamiento, sostiene Mese, ha terminado por generar un doble estándar peligroso.
Esta inconsistencia, añade, debilita la disuasión.
“Tolerar símbolos terroristas hasta que comienza la violencia envía un mensaje: los límites pueden ponerse a prueba, las consecuencias serán retrasadas”, advierte Mese.
“Eso mantiene a las fuerzas de seguridad permanentemente reactivas y al orden público permanentemente en riesgo”.
Permitir esos símbolos, continúa Mese, no solo plantea una contradicción legal, sino que también introduce un riesgo concreto para la seguridad.
“Una bandera no es un objeto neutral. Sobre el terreno, une a las multitudes, impone disciplina organizativa y legitima la escalada. No es coincidencia que los espacios donde los símbolos del PKK se exhibían libremente rápidamente se asociaran con lanzamiento de piedras, fuegos artificiales e incluso apuñalamientos”, indica.
Un punto ciego generacional
Por su parte, Klaus Jurgens, analista político radicado en Londres, sostiene que la crisis refleja no solo un fracaso de política pública, sino uno generacional.
“Lo que estamos presenciando ahora no es sorprendente”, afirma Jurgens a TRT World. “Lo que es sorprendente es que las autoridades europeas finalmente parecen comprender el riesgo que representan elementos criminales y con inclinaciones terroristas actuando en su propio territorio”, completa.
Jurgens rastrea este enfoque permisivo de Europa hasta la era posterior a la Guerra Fría, cuando el idealismo democrático moldeó los instintos políticos.
Esos valores, argumenta Jurgens, llevaron a muchos europeos a ver casi todos los movimientos extranjeros a través del lente de la liberación.
“Lo que no logramos comprender fue que el PKK nunca debería haber sido incluido en esa categoría”, señala. “Actuamos como si fuera una asociación pacífica para tomar el té”.
A medida que miembros del PKK huyeron o fueron expulsados de Türkiye por actividades relacionadas con el terrorismo, Europa se convirtió en un lugar de reagrupamiento.
“Se reubicaron, se infiltraron en comunidades de la diáspora, y todos hicieron la vista gorda”, dice Jurgens. “Nuestros servicios de inteligencia lo sabían. Pero la actitud predominante era: este es problema de Türkiye, no el nuestro”.
Esa indiferencia persistió durante décadas. Las manifestaciones ilegales se normalizaron; en algunos casos, incluso fueron protegidas.
“En Berlín, las manifestaciones vinculadas al PKK eran tratadas como rutinarias”, recuerda Jurgens. “Se veía como algo normal”.

Solo en los últimos años, las cifras oficiales comenzaron a penetrar el debate público. Hace dos años, la Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania informó que aproximadamente 14.500 simpatizantes del PKK vivían en el país, y se evaluó que más de 1.000 tenían un potencial violento latente.
“Tomó demasiado tiempo”, dice Jurgens. “Pero ahora, tras los enfrentamientos violentos en Dortmund, Berlín, París, Bruselas, Zúrich, Ginebra y más allá, el público europeo está conmocionado, y con razón”.
La línea que Europa ya no puede cruzar
Ambos analistas políticos enfatizan que la violencia no debe atribuirse erróneamente a las comunidades migrantes en su conjunto.
Jurgens es explícito en este punto: “La gran mayoría de la diáspora siria es absolutamente pacífica”, afirma. “Lo mismo es cierto para el 99% de la diáspora turca. Nadie quiere que el PKK, el YPG o las SDF (Fuerzas Democráticas de Siria, rama del grupo terrorista YPG) se infiltren en sus comunidades”.
Lo que ha cambiado, argumenta, es la tolerancia pública.
“Los europeos pueden estar en desacuerdo sobre muchos conflictos extranjeros”, explica Jurgens. “Pero cada vez están más de acuerdo en una cosa: las guerras extranjeras no deben importarse a las calles europeas”.
Para Mese, este cambio presenta una elección contundente.
“El fracaso fundamental no fue actuar con demasiada dureza”, señala. “Fue esperar la violencia en lugar de prevenir las condiciones que hacen posible la violencia”.
En este sentido, ambos analistas políticos coinciden en que Europa ahora se enfrenta a un momento decisivo. La vigilancia reactiva por sí sola no será suficiente. Sin claridad legal, aplicación consistente e intervención temprana contra la propaganda y organización terrorista, el ciclo se repetirá.
“La consistencia en la lucha contra el terrorismo no debilita la democracia”, afirma Mese. “La fortalece”.
En todas las ciudades, las tácticas fueron sorprendentemente similares: lanzamiento de piedras contra la policía, el uso de fuegos artificiales como armas improvisadas, intentos de sobrepasar barricadas y esfuerzos deliberados para paralizar el tráfico. En un número menor de casos, pero con consecuencias mucho más graves, se emplearon armas blancas, provocando lesiones graves.
“Una vez que se fue terrorista, casi siempre será terrorista”, añade Jurgens. “Europa permitió que estas redes se reagruparan. Ahora las consecuencias son visibles en nuestras calles”.
Por primera vez en años, el público europeo parece no estar dispuesto a mirar hacia otro lado.
Ahora bien, que esa determinación se traduzca en un cambio duradero de políticas sigue siendo una incógnita. Pero, según coinciden los analistas, la era de la tolerancia llegó a su fin.
Tanto Mese como Jurgens dejan claro que el debate ya no gira en torno al control reactivo de multitudes, sino a la prevención estructural: si Europa está dispuesta a alinear sus principios democráticos con una aplicación coherente de la ley frente a organizaciones que ella misma ya ha designado como terroristas.
La paciencia pública se ha agotado, no porque los europeos hayan abandonado el pluralismo, sino porque cada vez reconocen con mayor claridad que el pluralismo no puede sostenerse sobre una ceguera selectiva frente al crimen organizado y el extremismo.
La cuestión decisiva ahora es si las instituciones europeas sabrán convertir este momento de lucidez en políticas duraderas que garanticen la seguridad pública.












